«Intuir la Subsidiariedad: una contribución a la construcción del Estado»

   

   Es patente la necesidad de que los estados vivan acertadamente el principio de subsidiariedad. Las reflexiones del Dr. Medina arrojan luz sobre el particular. 

   En los tiempos actuales, estamos asistiendo a una auténtica crisis del Estado de bienestar, desbordado cada vez más ante los retos que la coyuntura actual está presentando: no valen ya respuestas burocráticas ni planificadoras, que tratan de resolverlo todo con mayor regulación e intervención. Tampoco valen las recetas del mercado: la crisis ha demostrado como el desenfreno especulativo y la búsqueda del beneficio a cualquier precio ha conducido a una mayor fragilidad del tejido social. Frente a la tradicional antítesis entre el Estado y el mercado, algunos han empezado a realizar aportaciones interesantes sobre un cambio de modelo.

    El estudio “Gobernanza  y ciudadanía en los órdenes políticos híbridos: un cambio de perspectiva en la noción de construcción del Estado”, realizado por el Australian Center for Peace and Conflicts (ACPACS) , coescrito por V. Boege, K. Clements y A. Nolan, está escrito en el contexto del debate mundial suscitado por los dramáticos efectos de una crisis cuyos efectos se van reflejando a nivel mundial.  Su lectura ha sido como un soplo de aire fresco por la frescura y originalidad de sus aportaciones. El enfoque, concebido en el marco de la relación entre los conflictos armados, la seguridad internacional y la ayuda al desarrollo,  parte de la construcción del Estado (state-building) como un elemento fundamental que necesita repensarse, dado que una visión muy mecanicista, en el que únicamente se ha tenido  en cuenta el ámbito de las instituciones, ha propiciado que, desde el poder, se haya disminuido el protagonismo de la sociedad. Como sostienen los autores de este interesante estudio, las instituciones del Estado han tenido y tienen una importancia real, pero no acaban de entender (o lo hacen de una forma negativa) la existencia de la sociedad como realidad autónoma del Estado. Este enfoque negativo de la sociedad es el que habría determinado el diseño y ejecución de las políticas de desarrollo, seguridad y prevención de conflictos durante muchos años, sin tener en cuenta la necesidad de fortalecer el tejido social.

Fortalezas y debilidades del Estado: ¿crisis del modelo weberiano?.

En el contexto internacional de los últimos años, a raíz de las cuestiones relativas a los llamados Estados fallidos y de los conflictos surgidos tanto en Oriente Medio (Iraq, Afganistán, el conflicto palestino-israelí, la guerra civil en Siria) como en otras zonas del planeta (los conflictos de Darfur y de los Grandes Lagos en África), han proliferado los análisis que insistían en centrarse en los problemas y debilidades del Estado y proponían el fortalecimiento de las instituciones y la exportación del modelo occidental como remedios a todos los males. No obstante, conviene no llevarse a engaño: es un hecho que nuestro modelo de Estado, heredado de la concepción weberiana (que ha sido la base del discurso sobre los Estados fallidos y de las políticas de state-building), apenas existe fuera del ámbito de los Estados miembros de la OCDE.  En este sentido, es interesante el  que el estudio de la ACPACS sea otro dato que constata cómo el modelo weberiano ya no es la referencia necesaria en la configuración del Estado como comunidad política: existen otros modelos de gobernanza, por lo que se podría suscribir la afirmación de que el hecho de que muchos Estados sean entidades políticas que no respondan al modelo occidental no significa que sean Estados fallidos. Y es que, durante años, se ha asistido a un cierto imperialismo por parte de Occidente a la hora de exportar nuestros modelos burocráticos, cuyas consecuencias han sido nefastas en continentes como África, derivadas del hecho de que el fortalecimiento del Estado ha descansado, en exceso, en estructuras políticas e instituciones ajenas, en muchos casos, a la realidad de las sociedades en las que se insertan. Esta exportación de nuestros modelos tiene su complemento en una actuación sin límite de los mercados, fruto de un neoliberalismo extendido, que se ha mezclado con los efectos positivos de la globalización.

Separación Estado-sociedad y puntos de encuentro.

Una de las cuestiones más interesantes de las que este estudio se ha hecho eco, es la relativa a la relación entre el Estado con otras realidades sociales distintas (a los que denominan mecanismos consuetudinarios de  gobierno): al hablar de otras realidades sociales ¿podría pensarse en los llamados cuerpos intermedios (asociaciones, Iglesia Católica y otras confesiones religiosas, empresas, entidades no lucrativas, sindicatos…) y en su relación con el Estado?. A mi juicio, sí y, en este sentido, esta es una cuestión candente en España, donde la crisis nos ha cuestionado todo la estructura del sistema de bienestar que hemos construido en los últimos 40 años. Desde hace años, nos topamos con una gran disyuntiva a la hora de configurar nuestro modelo social: Por un lado, una sociedad en la que gobiernen los mercados puede ser fuente de exclusión para los más necesitados y una especie de lucha de todos contra todos por la supervivencia; por otro, la idea de un Estado intervencionista, dotado de un cuerpo burocrático al que se le ha revestido una idea de “sacralidad” (véase el modelo europeo socialdemócrata), se ha desvelado asfixiante para la iniciativa social. ¿Frente a esta polarización, ¿existe alguna alternativa que permita un encuentro entre el Estado, la comunidad y la persona que suprima la concepción de lo público y de lo privado como compartimentos estancos y que permita a cada uno de estos actores desempeñar su verdadera misión?.

La cuestión más importante y la que, a mi juicio, se ha de plantear previamente es ésta: ¿es un bien para Europa y para nuestro país que haya un punto de encuentro entre la sociedad y el Estado, de forma que se desarrolle el tejido social y surjan iniciativas que construyan la comunidad política?.  En mi opinión, el problema viene provocado por la rígida separación entre lo público y lo privado: la obsesión por ahuyentar el fantasma de lo que algunos defensores del papel educador del Estado han llamado “los intereses privados y ocultos del mercado” ha llevado a establecer una rígida barrera entre lo que se puede y no se puede hacer en el ámbito público. Las cuestiones sobre el concepto de ciudadanía, la participación y la legitimidad, por consiguiente, se han abordado desde un punto de vista de pertenencia ideológica, siendo su consecuencia directa el que se esté generando un sentimiento de alienación de la sociedad occidental (especialmente, la española) respecto de la clase política y del ordenamiento jurídico, a la vez que el estatalismo venga mermando el tejido social aún existente: en Europa ya se ha conseguido introducir un concepto de ciudadanía como algo opuesto a la pertenencia a la comunidad,  reflejo del ideal Ilustrado, radicalizado con el republicanismo francés (heredero de la Revolución Francesa): sustituir la pertenencia a la familia, a una comunidad de creyentes, a una realidad asociativa familiar, política…. por la pertenencia al Estado, a través de una ética cívica despojada de toda tradición.  La realidad es que, lejos de obtener la identificación de los ciudadanos con dicha moral, el Estado y su promesa de participación se hallan lejos de la sociedad, y ésta adopta formas de participación en la vida pública que el Estado no quiere reconocer, bien porque las considera una amenaza al equilibrio que el propio Estado ha establecido, bien porque las identifica con pretensiones de hegemonía cultural. Contra la visión extendida de que sea el Estado quien articule la convivencia desde arriba, los autores propugnan el reconocimiento positivo de las diferentes identidades (religiosa, política, ideológica…) para articular un concepto de ciudadanía que sea acorde con la persona como sujeto originario, en cuanto es un elemento positivo que crear un marco cultural de convivencia abierto a todos.

Repensar la noción de Estado: nuevas formas de participación política.-

Esta propuesta interesante plantea una cuestión: ¿cómo se articula esto aquí, ahora, en la realidad social de España?. No cabe duda que tal concepto de ciudadanía implica un compromiso con los ámbitos que dan forma a la sociedad como comunidad política: la familia, los cuerpos intermedios…las realidades asociativas que favorecen una cohesión social.  Y, con el objeto de que sea posible conciliar la dimensión única de la persona humana como algo irrepetible con su ámbito comunitario, a mi juicio, hay que recuperar la dimensión unitaria de la persona: en lo público y en lo privado y la idea del bien común. Pero sólo esto no es suficiente: frente al liberalismo, que considera al Estado como el mal menor, el Estado resulta un actor necesario (como lo señala Benedicto XVI en la encíclica Caritas in Veritate), como garante y apoyo de la iniciativa social.

Otro de los principales aspectos que se recogen en el texto es la necesidad de cuestionar la idea  de medir la estatalidad de una comunidad política en función de si se ajusta o no a los parámetros del Estado weberiano. En este sentido, es fácil observar cómo determinados sectores han estado muy obsesionados con la idea de un gran Estado burocrático y han tratado de exportarlo fuera de Occidente.

El problema, como bien sostiene la ACPACS, no es que las instituciones sean frágiles, sino que no haya vínculos constructivos y estrechos entre el Estado y la sociedad, algo que, a mi juicio, es achacable, aunque de forma desigual: al Estado, en su mayor parte, porque trata de adoptar y hacer valer una posición de absoluta supremacía, delimitando unilateralmente lo que el ciudadano puede o no puede hacer, llegando, con ello, a asfixiar toda iniciativa que no sea suya y obedeciendo su labor reguladora, muchas veces, a la presión de grupos de interés ideológico. Pero también a la sociedad, porque ha abandonado todo esfuerzo por recuperar ámbitos de su propia iniciativa.  Para la ACPACS, es importante buscar modos y medios de incluir en la organización social a todos los ámbitos: instituciones del Estado, mecanismos e instituciones consuetudinarias y no estatales y la sociedad civil. Y, lo que es más importante, y, en esto cualquiera puede suscribirlo, es que ello no significa que haya que rechazar la noción de Estado, porque seguirán siendo ellos la base del sistema internacional. Se trata de repensarlo, no tanto concibiéndose de forma separada de la sociedad, sino como forma de expresión organizativa de la sociedad (Estado en la sociedad) o de la comunidad política, lo que implica acoger y valorar positivamente las contribuciones de cada cultura e identidad.

Una de las interesantes conclusiones a las que el estudio de la ACPACS ha llegado ha sido la de que la actual corriente teórica sobre el state-building, impulsada por un enfoque de ingeniería social basado en la transferencia de instituciones, al reducir el proceso de construcción política a lo institucional, ha dado lugar a pobres resultados y es la principal responsable de la falta de adaptación de la estructura estatal a la realidad social: ello ha provocado una brecha entre el Gobierno y la sociedad, que incentiva la corrupción, la inobservancia de las normas, el enriquecimiento personal, la falta de responsabilidad y de rendición de cuentas. En definitiva, se debilita la legitimidad y se favorece la mala gobernanza. El diagnóstico es claro: han  de poder surgir nuevas formas de comunidad política más capaces, efectivas y legítimas que los modelos simplistas que dominan en Occidente.  Para ello, el Estado ha de fomentar, a través de la asignación de recursos y de la gestión pública, la participación de entidades non profit y del llamado tercer sector en la gestión de los servicios de la comunidad, de manera que sean prestados de forma que cumplan mejor su finalidad y su carácter social. En este sentido, en España estamos asistiendo a liberalizaciones encubiertas bajo la forma de externalizaciones: en algunos casos, estas prácticas de gestión son problemáticas; y, en ningún caso, se identifican con una aplicación práctica del principio de subsidiariedad.

El contenido de este estudio resulta enormemente provocativo e inteligente, que intuye la subsidiariedad, aunque no llega a formularla. Si se aplica a nuestro sistema democrático, el diagnóstico es muy acertado, pues nuestro sistema  ya se ve puesto en cuestión con formas de actuación por parte del Estado y/o Comunidades Autónomas y entidades locales que manipulan los conceptos de interés público y extensión de derechos para entrar a regular, desde arriba,  aspectos de la persona y de la comunidad que, en su origen, habían sido base de la organización social con anterioridad a la formación del propio Estado (piénsese en la introducción de la Educación para la Ciudadanía, la regulación del matrimonio homosexual, la completa despenalización del aborto, entre otras, la presión sobre los colegios concertados, el adoctrinamiento en el nacionalismo que regiones como País Vasco y Cataluña han sufrido durante décadas…). Dichas actuaciones, al adoptar el enfoque ilustrado del “poder que educa al pueblo, pero sin el pueblo”, son las que ponen en tela de juicio la existencia de un  tejido social creativo y capaz de generar obras sociales que puedan romper el monopolio prestacional de la Administración.  Para ello, haría falta una renovación del pensamiento jurídico-político occidental: abandonar los patrones heredados y comenzar a hacer nuestra la cultura del bien común. Si queremos construir una comunidad renovada, sobre sólidas bases, Estado, mercado y sociedad están llamados a entenderse. Dar marcha atrás sería un error descomunal.

Francisco Medina

Profesionales por la Etica