Así han respondido a la proposición de ley, presentada por el Grupo Socialista en el Congreso y adelantada el lunes por ABC. La iniciativa legislativa propone modificar el Código Penal para castigar con tres meses a un año de prisión a los provida que «obstaculicen el derecho al aborto» en las inmediaciones de estos centros, donde se practican el 79 por ciento de los 99.000 abortos que se realizan cada año
en España.Al menos tres organizaciones trabajan actualmente a las puertas de las clínicas abortistas para ofrecer información a las mujeres. La más numerosa es Más Futuro. En los últimos cinco años, sus 200 voluntarios han conseguido rescatar a 5.200 no nacidos en toda España. Su responsable, Marta Velarde, explica a ABC que con esta proposición de ley, el PSOE solo «busca meter miedo», ya que en el lustro que llevan ayudando a las mujeres «no se ha producido una sola denuncia por coacción o amenazas».
La proposición de ley, presentada el pasado 12 de mayo por el Grupo Parlamentario Socialista, establece que «el que hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, causando un menoscabo en la libertad o intimidad de esta, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días».
Velarde asegura que el trabajo de los «rescatadores», como se denomina a estos voluntarios, es «muy discreto». «Ofrecemos información a las mujeres a través de un folleto. El 99 por ciento de las mujeres nos escuchan y muchas nos dan sus datos. Una persona a la que acosas, no te da sus datos», asegura.
La responsable de Más Futuro sostiene que con esta iniciativa legislativa el PSOE demuestra «que está supeditado a la multinacional del aborto», ya que fue la propia Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) la que solicitó al Gobierno que se considere «un delito de obstaculización al derecho al aborto». «Les les estamos quitando mucho dinero a las clínicas con nuestros rescates. Solo la semana pasada, conseguimos que doce mujeres dieran marcha atrás en su decisión», comentó. Para Velarde, la labor que realiza su organización --que no recibe ninguna subvención pública ni ningún tipo de salario por esta actividad-- es «el único medio que tienen muchas mujeres para saber lo que es un aborto».
La diputada por Vox, Lourdes Méndez, considera «cruel» la proposición de ley del PSOE, al pretender tachar de «delito la información y las alternativas» que estos grupos provida ofrecen a las mujeres. Para Méndez se trata «del mundo al revés». «Los provida en la cárcel, y los que facilitan la muerte de inocentes y el sufrimiento de sus madres, gobernando», afirmó a este periódico.
La parlamentaria quiso además dejar claro que su grupo defiende la labor de las asociaciones provida que «de forma pacífica han salvado tantas vidas, y la salud de tantas mujeres».
La portavoz adjunta del grupo popular en el congreso, Marga Prohens, afirmó que la iniciativa legislativa pone en evidencia «el sectarismo y el lío» que tiene el PSOE con respecto a la libertad de expresión, ya que por un lado «pretende despenalizar los piquetes informativos que aparecen en las huelgas», pero en cambio «propone prisión para las personas que se manifiestan frente a las clínicas». «La libertad de expresión solo es libertad de expresión si le gusta a la izquierda», aseveró.
abc.es
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