El Tribunal Supremo de Iowa ha emitido hoy una importante sentencia que indica que no existe el derecho al aborto en la constitución del estado. Esto hace que el estado pueda aprobar una prohibición del aborto en la legislatura para proteger a los bebés de los abortos tan pronto como el Tribunal Supremo anule Roe.
La decisión revierte una sentencia que el máximo tribunal del estado emitió hace apenas cuatro años gracias a un cambio en la composición del tribunal con la incorporación de más jueces conservadores, al igual que está ocurriendo en el ámbito del Tribunal Supremo federal.
El caso tiene que ver con una ley de 2020 que garantiza que los centros de aborto den a las mujeres la oportunidad de ver a sus bebés no nacidos en una ecografía y escuchar el latido de su bebé al menos 24 horas antes del aborto. Además, Iowa exige que los centros de aborto proporcionen a las mujeres información sobre los riesgos del aborto y los recursos disponibles para la crianza y la adopción, y que confirmen por escrito que las mujeres la han recibido.
Un juez estatal bloqueó la ley, citando la sentencia del Tribunal Supremo de Iowa de 2018, pero la gobernadora Kim Reynolds y 60 legisladores estatales provida apelaron.
El fiscal general adjunto, Sam Langholzt, le dijo a la Corte Suprema de Iowa que debía anular su fallo de 2018 que declaraba el derecho al aborto en la constitución del estado y hoy el tribunal lo hizo. Los jueces determinaron que el tribunal estatal decidió erróneamente que el aborto está entre los derechos fundamentales de privacidad garantizados por la Constitución de Iowa y la ley federal.
En su fallo de 2018, decidido por una votación de 5-2, el tribunal dijo que «la autonomía y el dominio sobre el propio cuerpo van al corazón mismo de lo que significa ser libre». La revocación llega gracias a la gobernadora pro-vida Kim Reynolds, que ha nombrado a cuatro de los jueces del tribunal desde 2017.
El juez Edward Mansfield escribió la opinión de 182 páginas, que dice que «la Constitución de Iowa no es la fuente de un derecho fundamental al aborto que requiera un estándar de revisión de escrutinio estricto para las regulaciones que afectan a ese derecho».
En cuanto a la esperada sentencia del Tribunal Supremo que anule Roe, el dictamen del Tribunal Supremo de Iowa dice que «ese caso podría decidir si la prueba de la carga indebida sigue rigiendo el análisis constitucional federal del derecho al aborto. Esperamos que las opiniones en ese caso impartan una gran cantidad de sabiduría que no tenemos hoy. Aunque nos enorgullecemos de nuestra interpretación independiente de la Constitución de Iowa, a menudo nuestras interpretaciones independientes se basan en las opiniones mayoritarias y disidentes del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y contienen debates exhaustivos al respecto».
El abogado Chris Schandovel, que representa a los legisladores estatales, dijo que el Tribunal Supremo de Iowa se equivocó al declarar que el aborto es un derecho. Afirmó que los derechos fundamentales están profundamente arraigados en la historia y la tradición del estado, y que Iowa prohibió los abortos a partir de 1843.
Citando al juez del Tribunal Supremo de EE.UU. Brett Kavanaugh, Schandovel dijo al tribunal antes de su decisión: «Cuando la Constitución guarda silencio y, por tanto, es neutral en una cuestión como el aborto, los tribunales tienen la responsabilidad de ser escrupulosamente neutrales en esos temas, dejando que el pueblo los regule a través de sus representantes elegidos».
Las leyes de consentimiento informado protegen a los bebés no nacidos del aborto y perjudican los beneficios de la industria del aborto. Las investigaciones indican que, cuando las mujeres ven imágenes de ultrasonido de sus bebés por nacer, es más probable que elijan la vida. Un estudio de 2017 de la Universidad de California en San Francisco también sugiere que algunas mujeres cambian de opinión sobre el aborto como resultado de las leyes de consentimiento informado.
Según el Guttmacher Institute, la mayoría de los estados exigen un periodo de espera antes de abortar y 35 exigen asesoramiento sobre el consentimiento informado, que suele incluir datos sobre el desarrollo del bebé por nacer, los riesgos del aborto y las alternativas al mismo.
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