Las cifras que maneja Gallardón: en torno a 1,5 millones de familias tienen un familiar que ha abortado. La nueva ley reconocerá el derecho a la vida y a la maternidad

   El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, está inmerso en la preparación de su medida estrella para esta primera mitad de legislatura: la reforma de la ley del aborto. La nueva normativa se centrará en varios aspectos clave que el Ministerio mantiene en escrupuloso secreto.

El Confidencial Digital ha podido conocer algunos de los detalles de la nueva ley del aborto que se aprobará después del verano y en la que el Gobierno del PP está trabajando. Se centrará en los siguientes puntos:

-- Reconocerá y defenderá el derecho a la vida y el derecho a la maternidad.

-- Estipulará el derecho a la dignidad de la mujer y a su propio desarrollo vital y a la protección de la vida del concebido".

-- Será más restrictiva que la planteada en el año 1985 y, por supuesto, que la actual legislación vigente.

-- El Gobierno del PP quiere acabar con el aborto libre y proteger a las menores.

-- Las cifras que maneja Gallardón son contundentes: en torno a 1,5 millones de familias españolas han sufrido un aborto de un familiar directo o cercano.

 

-- El ministro Gallardón está estudiando en este momento el articulado de algunas legislaciones europeas en materia de derecho a la vida para adaptarla a la legislación que aprobará en unos meses.

La reforma de la ley se está llevando con rigurosa discreción por parte del Ministerio de Justicia. No quieren desvelar ningún detalle referente a dicha ley.

Justicia ha tomado como punto de partida para la modificación de la ley la sentencia promulgada por el Tribunal Constitucional de 1985 que establece la protección al no nacido. Esta garantía, en opinión del ministro, no aparece en la ley de plazos del 2010.

Hay que recordar que Partido Popular se opuso radicalmente a la ley desarrollada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero e interpuso un recurso ante el Constitucional  al que ahora el Gobierno.

La mayoría de los dirigentes del actual Gobierno defienden la necesidad de volver a la ley de 1985, mientras que los más exigentes piden eliminar directamente la ley, salvo en casos extremos. El ministro defendió hace unos días en el Congreso la necesidad de este cambio para luchar contra "la violencia estructural" que pueden sufrir las mujeres por "el mero hecho de ser madres".

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