Al presidente Obama se le está complicando la polémica sobre los seguros sanitarios. 43 instituciones católicas han presentado 12 demandas ante tribunales federales contra la norma del Ministerio de Sanidad que impone la obligación de financiar anticonceptivos, la píldora del día siguiente y la esterilización.
Las demandas coinciden en que el precepto vulnera la libertad religiosa y, a la vez, revelan un conflicto que afecta a las relaciones Iglesia-Estado y a la libertad de conciencia.
La demanda presentada ante un tribunal de distrito de Indiana por el semanario Our Sunday Visitor
y cinco instituciones más (una diócesis, tres asociaciones benéficas y
una universidad) plantea principalmente dos cuestiones de fondo.
Primera: si el gobierno tiene autoridad para crear la categoría de los
“empleadores religiosos” en unos términos tan restrictivos como los de
la norma propuesta.
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