La COP25, que se celebra en Madrid bajo presidencia chilena, arrastra dos importantes cuestiones que en París se dejaron sin concretar y que tampoco quedaron resueltas en las conferencias anteriores.
Una de ellas es clave para que funcionen los mercados de emisiones de modo que sirvan para reducirlas a nivel mundial.
El primer punto pendiente se refiere a la duración de los compromisos nacionales de reducción de emisiones.
Según el Acuerdo de París, cada Estado ha de fijarse unas metas, informar de su cumplimiento al término del plazo, y a continuación proponerse otras nuevas, más ambiciosas.
En la COP24 (Katowice, 2018) se acordó que todos los compromisos nacionales abarcaran los mismos periodos, para comprobar fácilmente si se cumple cada vez la meta mundial, que es la suma de las nacionales.
Pero no se llegó a definir la duración de los periodos.
Las propuestas presentadas en Madrid varían entre cinco y diez años. Los países menos adelantados, los Estados insulares y las ONG en general, están a favor de la opción más corta, porque comunica más sentido de urgencia. En el otro extremo, países somo Japón o Rusia son partidarios de periodos decenales.
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