Un gobierno siempre aspira a regular el presente para construir un futuro. Pero pensar que tiene también autoridad para decidir cómo hay que recordar el pasado no deja de ser atrevido y discutible. Sin embargo, esto es lo que se plantea con las “leyes de memoria” en las que el legislador pretende imponer una verdad histórica.
La visión del pasado da lugar muchas veces a debates ideológicos y a controversias políticas. Basta ver la intensidad que ha alcanzado en Estados Unidos el debate sobre el racismo y su secuela de cancelación de estatuas y de símbolos de un pasado hoy denigrado. En España, es el gobierno de Pedro Sánchez el que pretende reavivar una división ya socialmente superada al anunciar una ley de “Memoria Democrática”, para decidir cómo hay que recordar la Guerra Civil y el franquismo.
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