La nueva regulación, que se presentará en el Congreso de los Diputados a «comienzos del próximo año» tiene por objetivo reconocer «todos los modelos de familia», desde las «monomarentales y pasando por las LGTB o las numerosas», explicó la ministra.
Durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales de la Cámara Baja, Belarra señaló que «el ámbito estatal no cuenta con un cuerpo jurídico unificado que reconozca de forma suficientemente explícita los distintos
tipos de modelos familiares» y por ello se comprometió a que la nueva legislación se centrará en «mejorar su protección social» y en avanzar «muy especialmente» en la igualdad social de las familias LGTB.
A la espera de que el ministerio presente su primer borrador, asociaciones de familias, expertos en infancia y juristas creen que la nueva ley «tiene un carácter muy sesgado» y avisan de que puede suponer «una discriminación» regular ayudas en base a la orientación o la identidad sexual.
La directora del Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad CEU-San Pablo, Carmen Fernández de la Cigoña, afirma que la ley supondrá un «ataque frontal al modelo tradicional de familia» si da prioridad a la diversidad familiar en lugar de al número de hijos, por ejemplo. Para De la Cigoña, con esta regulación el Gobierno pretende «esgrimir una idea falsa de que hay una discriminación absoluta hacia una serie de personas» (como las del colectivo LGTBI) cuando los permisos por paternidad o las prestaciones por hijo, por ejemplo, se reciben sin tener que dar cuenta de la orientación sexual de la persona.
En la misma línea, Salomé Adroher Biosca, exdirectora general de servicios para la Familia y la Infancia en el Ministerio de Sanidad y profesora de Derecho en Comillas-Icade, señala que si bien siempre es una «buena noticia» regular más apoyos a las familias, no alcanza a ver «cuáles podrían ser las medidas específicas para las familias LGTBI más allá de las que ya están aprobadas».
«En materia fiscal, de vivienda, de ayudas a la dependencia, de conciliación y corresponsabilidad, etc, establecer regulaciones específicas basadas en la orientación o identidad sexual o de género podría suponer una discriminación y una intromisión en la intimidad», señala la profesora de Derecho, quien recuerda que «las ayudas, servicios, prestaciones y apoyos en los ámbitos de competencia estatal, que no son todos, pueden estar justificados por elementos objetivos comprobables por las administraciones, como el número de miembros de la familia (numerosas o monoparentales) con familiares a cargo (con niños, mayores o personas con discapacidad) o por determinadas condiciones sociales, como las familias en exclusión social»
«Por ejemplo, la mejora de la prestación por hijo a cargo es una de las grandes cuestiones pendientes. Y familias con hijos a cargo las hay de todos los colores», subraya. Para Adroher, bastaría que la ley se llamara de «apoyo a las familias sin necesidad de remarcar la diversidad».
abc.es
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