Así, la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Dignidad y la Libertad, junto con más de 140 organizaciones de diferentes ámbitos de la sociedad civil ha denunciado hoy en el Senado la inconstitucionalidad de la proposición de Ley Orgánica que ya prepara el Gobierno para penalizar que los grupos Provida realizan jornadas de oración frente a las clínicas abortivas.
La Asamblea ha recordado a los senadores que "los delitos de acoso y coacciones ya se encuentran tipificados como ilícitos penales", por lo que esta propuesta de ley es un claro ejemplo más del derecho penal de autor, con una concepción autoritaria-totalitaria, un hecho que hace que la propuesta "plantee serias dudas sobre su constitucionalidad y legalidad".
Decadencia disfrazada de falsa libertad
La sesión ha contado con la intervención inicial de Jaime Mayor Oreja, portavoz de las asociaciones que integran la Asamblea y representante de Neos, quien ha comenzado con unas palabras de agradecimiento a los senadores por "facilitarnos la entrada en su casa para abordar un tema tan trascendental para nuestra sociedad como es la defensa de la vida".
"Nos sentimos en la obligación de frenar esa decadencia disfrazada de falsa libertad y progreso que trata de imponerse hoy en nuestro país. La sociedad civil no puede permitir que se censuren sus derechos fundamentales bajo un criterio claramente ideológico y partidista", ha asegurado.
"No tienen límites éticos, democráticos y ni siquiera legislativos, pues modificar el Código Penal para limitar nuestra libertad de expresión da muestra de una obsesión enfermiza por construir un nuevo orden social".
Penalizar el rezo frente a clínicas abortivas
El acto ha contado con la participación de los senadores Javier Puente (Partido Popular) y Jacobo González-Robatto (VOX). Puente ha asegurado que "una sociedad que defiende el aborto como conquista está abocada al fracaso" y que la misma "ha de ser capaz de ofrecer los medios adecuados para que una mujer pueda sacar adelante a su bebé".
La protesta se produce tras presentarse la proposición de Ley Orgánica, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, destinada a penalizar el rezo frente a las clínicas abortivas. En respuesta, la Asamblea ha aludido que "esta acción se encuentra amparada por los derechos fundamentales de reunión y manifestación (art. 21 CE), participación (art. 23.1 CE), libertad ideológica y religiosa (art. 16 CE), expresión y difusión de los pensamientos, ideas, opiniones (art. 20.1.a CE), claves en todo sistema democrático".
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