Según informa hoy el diario La Nación,
la mayoría de magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia de Costa Rica han fallado a favor de que los padres puedan
elegir si sus hijos participan o no en los programas estales de
educación sexual en la escuela, cuya obligatoriedad pretendía el
Gobierno a partir de 2013.
Ana Virginia Calzada, presidenta de ese alto
tribunal, indicó que las clases de educación sexual recibirán el mismo
tratamiento que las clases de Religión: los padres que profesan una
creencia diferente a la católica, piden por escrito que sus hijos sean
excluidos. “Como el tema de sexualidad afecta principios religiosos, se
desarrolla un tema de objeción de conciencia. Por tratarse de temas que
pueden implicar una violación a la escogencia religiosa de las personas,
los padres deben ser consultados”, afirmó Calzada.
Lo que sí rechazó la Sala Constitucional es que el Ministerio de
Educación Pública (MEP) tenga que consultar a todos los padres en el
momento de elaborar un programa de estudio, como también lo pidieron los
padres, confirmó la magistrada Calzada.
Los recursos de amparo que han dado lugar a este fallo habían sido
promovidos por los grupos evangélicos. La Sala votó ayer 1.500, pero
resta ver alrededor de 5.000 más. Juan Luis Calvo,
presidente de la Alianza Evangélica, dijo estar “parcialmente
satisfecho” con la decisión de la Sala Constitucional e insiste en que
debe abrirse un diálogo para que la enseñanza sobre sexualidad y
afectividad “no quede por la libre”.
“Se necesita que todos los sectores de la sociedad civil involucrados
en esta materia participemos para dar una verdadera educación de la
sexualidad, pero dentro de lo malo, que la Sala se haya pronunciado en
ese sentido es lo mejor”, aseguró el dirigente evangélico.
En una campaña muy similar a la desarrollada por los padres españoles
frente a la imposición de Educación para la Ciudadanía (EpC) y el
capítulo educativo de la Ley del Aborto, los grupos evangélicos de Costa
Rica han desplegado una batería de acciones que ha culminado con este
reconocimiento del derecho fundamental de los padres a escoger
libremente la educación de sus hijos. Además de la motivar a los padres
para que presentasen los casi 7.000 recursos de amparo, se propusieron
recoger 200.000 firmas a favor del Manifiesto Ciudadano y de Padres de Familia en contra de los programas del MEP.
PROFESIONALES POR LA ÉTICA
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