Una legislación equívoca, interpretaciones judiciales contradictorias y
un sesgo ideológico de las Administraciones, mantienen la sospecha sobre
una opción pedagógica legítima: la educación diferenciada por sexos.
Dos nuevas sentencias del Tribunal Supremo (TS) –en este caso
denegando la financiación pública a dos centros de educación
diferenciada– se unen a la variada jurisprudencia al respecto. Aunque
las divergencias entre unos fallos y otros son evidentes, se pueden
buscar algunos criterios comunes que aclaren en algo la cuestión.
A falta de consenso, jurisprudencia
La educación diferenciada se ha acostumbrado a vivir bajo sospecha. Desde un punto de vista sociológico no parece que el asunto provoque grandes tensiones: estos colegios tienen suficiente demanda, de modo que cuando están concertados su financiación pública cubre una necesidad de escolarización; y cualquier familia que prefiera la enseñanza mixta, tiene donde elegir, sin que la existencia de la enseñanza diferenciada le cause ningún perjuicio. Sin embargo, por negativas de la Administración o por iniciativa de algunos sindicatos, sucesivas resoluciones o sentencias mantienen a la escuela diferenciada en una incómoda incertidumbre legal respecto a su financiación pública. La manzana de la discordia son los conciertos, aunque hay quien critica la misma existencia de estos centros, por considerar que separar a los niños de las niñas implica una discriminación.
La educación diferenciada se ha acostumbrado a vivir bajo sospecha. Desde un punto de vista sociológico no parece que el asunto provoque grandes tensiones: estos colegios tienen suficiente demanda, de modo que cuando están concertados su financiación pública cubre una necesidad de escolarización; y cualquier familia que prefiera la enseñanza mixta, tiene donde elegir, sin que la existencia de la enseñanza diferenciada le cause ningún perjuicio. Sin embargo, por negativas de la Administración o por iniciativa de algunos sindicatos, sucesivas resoluciones o sentencias mantienen a la escuela diferenciada en una incómoda incertidumbre legal respecto a su financiación pública. La manzana de la discordia son los conciertos, aunque hay quien critica la misma existencia de estos centros, por considerar que separar a los niños de las niñas implica una discriminación.
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