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lunes, 29 de junio de 2015

Los derechos humanos, entre la política y la ley

La tendencia de los organismos internacionales a usar las leyes de derechos humanos para cada vez más causas políticas ha llevado al gobierno británico a anunciar su intención de sacar al Reino Unido de la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El plan de los tories ha reabierto el debate sobre la inflación de estos derechos y sus consecuencias para la sociedad civil.
Cameron quiere convertir al Tribunal Supremo británico en la máxima autoridad para interpretar el Convenio en los casos de derechos humanos
Crecido por su recién estrenada mayoría absoluta, el gobierno de David Cameron ha retomado la propuesta de sustituir la Human Rights Act (HRA), aprobada por los laboristas en 1998, por otra nueva ley de derechos humanos.

La HRA incorporó al ordenamiento británico el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esto permite a cualquier ciudadano del Reino Unido acudir a los tribunales británicos si considera que ha sido vulnerado alguno de los derechos protegidos por el Convenio. Si no está conforme con la sentencia, puede apelar al TEDH, con sede en Estrasburgo.

El Supremo británico tendrá la última palabra

La nueva British Bill of Rights convertiría al Tribunal Supremo británico en la máxima autoridad para interpretar el Convenio en los casos de derechos humanos que afecten a los británicos. La doctrina del TEDH dejararía de ser la última palabra, y tampoco podría imponer criterios al Reino Unido.
Los desencuentros entre Estrasburgo y la justicia británica no son muy habituales. Según The Economist, de los 1.997 casos que han llegado desde el Reino Unido al TEDH, el gobierno solo ha perdido cuatro. Otra cosa es que los criterios de Estrasburgo en materia de política antiterrorista o de seguridad nacional sean siempre de su agrado.
Dice el gobierno que con este cambio pretende recuperar los principios que inspiraron el Convenio “originario”, adoptado por el Consejo de Europa en 1950 y ampliado después en sucesivos protocolos, y frenar “la ampliación que ha llevado a usar las leyes de derechos humanos para cada vez más propósitos”.
Aceprensa

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