A comienzos de marzo, y tras ser aprobado en el Consejo de Ministros, comenzaba oficialmente su trámite parlamentario el proyecto de nueva ley educativa española, la LOMLOE, también conocida como “ley Celaá”. En realidad, se trataba de un inicio “repetido”, pues el mismo texto ya había recibido el sello gubernamental un año antes, en febrero de 2019. Entonces la convocatoria de elecciones, que se anunció ese mismo día, dejó aparcado el proyecto.
También esta vez las circunstancias se han interpuesto en su camino, con la suspensión de las sesiones parlamentarias ordinarias por la pandemia. Sin embargo, y a pesar de que aún no se ha podido recuperar la normalidad política, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha defendido que esto no es impedimento para que la tramitación siga su curso.
No gusta el cómo
El texto ha contado desde el principio con la oposición del Partido Popular, Ciudadanos y Vox (los tres presentaron enmiendas a la totalidad), y también de otros sectores de la comunidad educativa: las organizaciones de colegios CECE y Escuelas Católicas, asociaciones de padres como CONCAPA y COFAPA –agrupadas en la Plataforma Concertados– y los sindicatos FEUSO y FSIE. Además, recientemente se han unido a las críticas distintos colectivos relacionados con la educación especial, que argumentan que el proyecto pretende colar “de tapadillo” un plan para cerrar progresivamente este tipo de centros.
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