Se reproduce la contradicción cultural de exigir la diversidad, pero de modo monolítico, excluyente, que llega incluso a las represalias y a la sanción jurídica contra quienes disienten. Una vez más en la historia, minorías que fueron víctimas se convierten en verdugos.
Cuando en algunas ciudades americanas echan abajo estatuas de Cristóbal Colón, vienen a la mente viejos relatos de los padres peregrinos que llegaron en el Mayflower: horizontes de libertad, frente a las secuelas intolerantes del viejo mundo. Dudo mucho de que pudieran entender la coyuntura actual, sintetizada en una carta abierta a favor de la libertad −casi un nuevo manifiesto−, de cientos de intelectuales frente a la creciente opresión de lo que nació como políticamente correcto.
Al fin, se toma conciencia en el mundo democrático de algo que había señalado ya en el siglo pasado Allan Bloom y dio lugar mucho después a la declaración de la universidad de Chicago de hace cinco años, y a otras iniciativas, con menos eco en la opinión pública. De las más recientes, Juan Meseguer da excelente información en Aceprensa, del pasado día 8: “Nuevas plataformas contra la corrección política”. Tal vez la adhesión al último manifiesto comporte cierto planteamiento político de oposición al presidente Donald Trump, que facilita la acogida como contrapunto en esta época nuestra. Pero ofrece el contraste de haber sido firmado por escritores, artistas y periodistas de diversas orientaciones ideológicas.
Movimientos fuertes contra las desigualdades, los abusos sexuales, la violencia policial o el racismo, han producido un efecto no deseado: la simplificación de los debates, con la tendencia a favorecer una conformidad ideológica insuficientemente contrastada, con el consiguiente riesgo de intolerancia, dogmatismo y coacciones. Se reproduce la contradicción cultural de exigir la diversidad, pero de modo monolítico, excluyente, que llega incluso a las represalias y a la sanción jurídica contra quienes disienten. Una vez más en la historia, minorías que fueron víctimas se convierten en verdugos.
No tiene desperdicio el párrafo en que los firmantes del manifiesto resumen los trazos del triste fenómeno: “se despide a un redactor-jefe por haber autorizado la publicación de artículos controvertidos; se retiran libros con el pretexto de falta de autenticidad; se impide a periodistas escribir sobre determinados temas; se investiga a profesores por sus citas de obras literarias en clase; se prescinde de un investigador por difundir un artículo científico a pesar de haber sido revisado por colegas; y se sustituye a directivos por errores que a veces no son más que descuidos”. En síntesis, aumenta la autocensura, por temor a perder el medio de vida por apartarse del consenso, o simplemente por no mostrar una adhesión sin fisuras.
La llamada cancel culture es un cáncer letal para la convivencia: tanto si es impuesta por gobiernos represivos, como por la difusión social de un ambiente que rechaza el debate y busca sólo la confirmación, como sucede con frecuencia en las redes sociales. El camino para superar ideas rechazables no es ahogarlas con mayor o menos violencia, sino exponerlas, argumentar y convencer. Repetiré una vez más que ni la verdad ni el error tienen derechos: sólo la persona merece pleno respeto, también cuando nos parece que se equivoca.
Por esto, se impone luchar contra las imposiciones injustas, sobre todo, si afectan a la libertad religiosa. El presidente Trump parece más favorable que Obama hacia ese derecho básico que, paradójicamente, ha dejado de ser cuestión pacífica en Estados Unidos. En el fondo, algunas disposiciones jurídicas de los últimos años, sobre las que está decidiendo ahora el Tribunal Supremo, se dictaron en el mandato del anterior presidente, pero reflejaban la creciente influencia de un clima que se había ido consolidando en universidades y medios de comunicación, pero se apartaba de principios fundamentales que estuvieron en el origen de la gran nación americana.
Algunas de las últimas decisiones de los jueces de Washington han podido crear la impresión de que daban una de cal y otra de arena: han extendido la ley de derechos civiles al colectivo LGTBI+, pero han restringido la repetida cláusula de separación entre la Iglesia y el Estado al admitir que los padres puedan aplicar a centros confesionales ayudas concedidas con carácter general: prevalece el derecho de los padres a elegir centro de sus hijos, aunque pueda significar una violación de la no financiación pública de actividades religiosas.
En esta misma línea, se inscribe la sentencia del pasado 6 de julio, en una apelación promovida por las Hermanitas de los Pobres, que atienden hogares para ancianos y emplean a cerca de 2.700 personas: todos los empleadores, y no sólo las iglesias y universidades, tienen derecho a la objeción religiosa o de conciencia respecto de las exigencias sobre control de la natalidad establecidas en la Affordable Care Act. El Tribunal Supremo confirma la excepción aprobada por la Administración Obama y ampliada por Trump en 2018, y devuelve el asunto al tribunal inferior que había suspendido su aplicación.
Como dijo Mark Rienzi, presidente del grupo pro libertad religiosa que representó a las religiosas en el proceso, “Estados Unidos merece algo mejor que gobiernos mínimos que hostigan a las monjas”. Después de elogiar el veredicto, añadió que los poderes públicos “no necesitan monjas para distribuir anticonceptivos; sí iniciativas religiosas para cuidar a los ancianos, sanar a los enfermos y alimentar a los hambrientos”.
Salvador Bernal, en religion.elconfidencialdigital.com.
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