Una vez más acierta de lleno el magistrado José Luis Requero al analizar ayer en la Tribuna de La Razón la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la educación diferenciada y el sistema de conciertos.
Insiste nuevamente Requero, con buen criterio, en que la discusión
central no es “qué es mejor, si la educación mixta o la educación
diferenciada porque ambas son respetables”. Es más bien, como titulaba
otro articulo suyo reciente sobre el mismo asunto, una cuestión de libertad, “porque lo que está en juego es eso, la libertad, algo que parece no captarse”
Tras comentar la reacciones del PSOE y El Pais a las declaraciones del ministro Wert
–favorables a la educación diferenciada–, el magistrado pasa revista a
la doctrina del Tribunal Supremo para subrayar que no hay en ella un
cuestionamiento de la legitimidad de la educación diferenciada, que en
absoluta es considerada discriminatoria por razón de sexo, lo que la
haría inconstitucional. El tema, para el Supremo, es si de acuerdo con
la legislación ordinaria puede o no ser sostenida con fondos públicos.
Y el problema, en efecto, lo verdaderamente contrario a la libertad
de elección de los ciudadanos, está en una legislación que el Tribunal
Supremo interpreta en el sentido de que la admisión de alumnos en los
centros concertados que han optado por la educación diferenciada no
cumple los criterios de no discriminación por razón de sexo –que según
el propio Supremo no existe– y de fomento de la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres.
De esta manera, subraya el magistrado,”la ley no respeta las
legítimas opciones sobre educación y milita en una, a la que destina el dinero público,
cuya titularidad atribuye a los poderes públicos. Ahí está parte del
error porque ese dinero que manejan es de los ciudadanos que lo dan
mediante impuestos y debe administrarse en beneficio de todos. Sólo ve
un servicio público que se financia de forma no neutral. Al no financiar
el ejercicio de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, ignora el
mandato constitucional de que los poderes públicos deben crear las
condiciones para que el ejercicio de esos derechos y libertades sea
real y efectivo. Se cae así en la patología típica de los conciertos
educativos. Según quien gobierne, o se respetan las libertades o puede
que padres y colegios se vean expropiados de un derecho
constitucional”.
Por estos motivos, la interpretación de la ley por el Tribunal
Supremo podría haber sido distinta. “Al asumir sin más los fundamentos
de la ley de educación –explica Requero– echo de menos la sensibilidad
que tuvo hacia los derechos fundamentales en los años posteriores a la
Constitución. Parece que sigue la opinión de que en una democracia
consolidada ya no hay que hacer una interpretación pro libertate de las
leyes porque se parte del dogma de que llevan implícito ese espíritu. Es
el otro Montesquieu, es el juez que se considera esa boca inanimada que pronuncia las palabras de la Ley“.
En síntesis, el problema –como en tantos otros asuntos de gran
trascendencia cultural– no es la Constitución sino la ley, esa que,
según hemos comprobado tantas veces, sólo depende de la voluntad
política del partido que ostenta la mayoría parlamentaria. Y Requero
recuerda que “el ministro de Educación ha dicho que no excluye
cambiarla para que la enseñanza diferenciada siga sostenida con fondos
públicos si es «compatible con la no discriminación».
“Por tanto, señor ministro, –termina el autor del artículo– si ése
es el problema ahí tiene el BOE. En estas cosas como en otras –derecho a
la vida, familia, matrimonio– es donde se ve si merece la pena votar a
un partido u otro”.
PROFESIONALES POR LA ÉTICA
Leer el texto completo de la Tribuna de José Luis Requero “Señor Ministro, al BOE” (La Razón, 04/09/2012).
Leer en FEDEL el texto completo del artículo de José Luis Requero, publicado originariamente en La Razón, “Cuestión de libertad” (11/03/2011).
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