Ayer el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo con el que pretende conseguir una reducción de 3.000 millones de euros en las cuentas públicas.
Las medidas contenidas en el Real Decreto Ley tienen carácter
dispositivo y habrán de ser moduladas por las Comunidades Autónomas. La nota oficial de la reunión del Consejo de Ministros
precisa además que “estas medidas de racionalización del gasto no son
la reforma educativa del Gobierno, pero si condición previa y necesaria
para llevarla a cabo”.
También ayer, según informa ABC, la Secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, insistía durante el IX Congreso Internacional de Educación en que España vive un momento de «emergencia educativa», lo que hace que sea necesario que se impulsen «reformas profundas» para mejorar la calidad de la formación de los alumnos.
Con todo y a pesar de estas salvedades, asistimos a un riesgo
evidente de que “el enésimo intento de reforma de nuestro sistema
educativo se pone en marcha en circunstancias que abonan una visión economicista tanto de las necesidades como del papel de la enseñanza“. Así lo denunciaba esta semana Cristina Losada (en la imagen) en el interesante artículo “No todo es dinero”, publicado en Libertad Digital.
Con los nefastos resultados que están a la vista de todos, la izquierda educativa
ha venido manteniendo demagógicamente a lo largo de todos estos años
que la calidad de la enseñanza en España es, fundamentalmente, un
problema de presupuesto económico. Por eso, afirma Losada, “quienes
ahora culpan preventivamente a los ajustes de una merma de la calidad”
y que “no dieron señal alguna de inquietud ante los síntomas de
degradación preexistentes (…) carecen de autoridad moral”
Pero eso no hace menos cierto que, como afirma la columnista de Libertad Digital, “el
marasmo económico ha alentado otra noción convencional que considera
la enseñanza como una suerte de industria auxiliar destinada a
incrementar el crecimiento de un país. Ahí, la eficacia de la
educación se mide en términos de PIB y su justificación reside en
cuánto aportan sus productos, esto es, los titulados, a la prosperidad
de la nación. Pero también esta idea de que existe una relación directa
entre la educación y el crecimiento peca de simplismo”.
“En el extremo, concluye, esa posición economicista llevaría a
suprimir, por inútiles para el objetivo del crecimiento, materias como
literatura, historia, filosofía y, por qué no, la tanda de humanidades
entera. Claro que los individuos aspiran legítimamente a disponer,
gracias a sus estudios, de una vida más próspera. Pero no se
podrá reducir la educación a mera pieza de la política económica sin
menoscabar su papel de transmisora de una herencia cultural y una
urdimbre civilizatoria. Hay razones no vinculadas a la
productividad para que se aprenda, al menos, tanto latín como gimnasia.
Aunque en nuestro caso, me temo, estamos todavía en la fase previa: conseguir que se aprenda algo“.
PROFESIONALES POR LA ÉTICA
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