Tras muchos años de un tenaz y bien financiado trabajo de
lobby en los organismos internacionales, con la ayuda de la actual
palanca favorable de la administración Obama y alentada por el éxito del
experimento de reingeniería social del “Proyecto Zapatero” en un país
de fuerte tradición católica, como es España, la llamada Cultura de la Muerte ha desplegado en los últimos meses una fuerte ofensiva en Iberoamérica.
Uruguay, Argentina, México, Ecuador, Colombia… sufren ahora con más
intensidad que nunca la agresión de quienes a través de reformas
legislativas, impuestas de arriba a abajo por el poder político, están
dispuestos a acabar con el primero de los derechos humanos: el derecho a
vivir, desde la concepción hasta la muerte natural.
Pero junto a esta realidad, no puede pasar desapercibida la
esperanzadora respuesta de una significativa y comprometida parte de la
sociedad civil de las naciones iberoamericanas, que no se resigna ante
el actual estado de cosas y que se está movilizando eficazmente en
defensa de la dignidad de la persona –de toda persona– y de los
derechos fundamentales.
Entre otros muchos, un buen ejemplo de lo que decimos son las
acciones que en Colombia desarrolla la plataforma de la sociedad civil Unidos por la Vida para
detener el actual proyecto de ley por el que se pretende la
legalización de la eutanasia y el suicidio asistido. Una de sus
iniciativas ha sido el lanzamiento de la petición popular “Decimos no a
la eutanasia”, a la que es posible adherirse por internet a través del
siguiente enlace: http://www.unidosporlavida.com/.
La petición está dirigida a los senadores de la República y en ella se
destaca como la referida propuesta legislativa relativiza el valor de la
vida, abriendo la puerta a “la destrucción y desprecio de la misma,
bajo las supuestos determinados en las legislaciones por los mas
poderosos, como sucedió con los nazis en el siglo pasado, o sucede hoy
en Holanda en donde de los 130 000 muertes anuales, 20 000 son producto
de la eutanasia y de ellas 10 000 son no consentidas por el paciente
sino determinadas por el personal sanitario bajo los “criterios” de la
ley”. “Es evidente –se afirma también– que, como en el caso del aborto,
el fraude de ley se generaliza una vez la clase médica y la burocracia
de la salud asumen un ritmo de normalidad y aplica criterios económicos y
de eficacia en vez de criterios de justicia y humanidad”.
Unidos por la Vida sostiene asimismo que “no queremos en Colombia el
asesinato legal de los incapacitados o de los que sufren una enfermedad
crónica o terminal. Queremos un sistema que ofrezca cuidados
paliativos a los enfermos, que se les de acogida, alimentación y alivio
del dolor”.
“Por eso les pedimos –concluye la alerta dirigida a los senadores–
(…) que hundan con su voto el proyecto que busca legalizar la eutanasia
en Colombia. No queremos nuevas formas de violencia. Queremos respeto y
acogida a toda vida Humana, que es el camino seguro para alcanzar la
paz”.
PROFESIONALES POR LA ÉTICA
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