«Nosotros tenemos a nuestro hijo mayor en un colegio
en Madrid, un colegio concertado católico, cursando 5º de Primaria.
Teníamos claro desde que el gobierno anterior impuso esta asignatura que
no queríamos que la cursara.
Llegada la hora de enfrentarnos a esta
espinosa cuestión, lo primero que hemos hecho ha sido pedir una reunión
con el director de ciclo para ver qué opciones nos daban en caso de
querer objetar.
Salimos de la reunión sabiendo que nuestro hijo se
quedaría fuera de clase, en otra clase o en el despacho del jefe de
estudios durante esa hora, y que le suspenderían en esa asignatura. Nuestro hijo ha tenido la media del 10 el curso anterior, por lo tanto esto significa que su expediente se verá afectado».
Este es el relato de Paola Raneri, una madre que, con su marido, Joaquín Albi, ha
decidido objetar a Educación para la Ciudadanía (EpC), la asignatura
que impuso Zapatero y que el PP, de momento, ha mantenido prácticamente
igual.
Paola reconoce que en el colegio les dejaron claro que se veían
obligados a impartir esta materia escolar, con la que el propio centro
está completamente en desacuerdo por sus contenidos adoctrinadores y se
siente orgullosa de su hijo, de 10 años, al que le han consultado para
tomar la decisión de objetar y que ha accedido a ello a pesar de ser el
único niño de su curso que sale de clase cuando toca EpC.
En Burgos, María Sierra, madre de familia numerosa, asegura que solo en Castilla y León hay cientos de objetores a EpC,
niños que se salen de clase cuando toca impartir esta materia pero ni
la Administración ni los colegios quieren reconocerlo para evitarse
problemas. «Los objetores sufrimos todo tipo de discriminación, a los
chicos les baja la media por el suspenso en EpC y más de uno se ha
quedado sin beca por objetar a EpC porque automáticamente implica el
suspenso».
Y añade Paola: «Sinceramente espero que para cuando llegue a 3º de la
E.S.O, cuando a nuestro hijo le tocaría otra vez recibir Educación para
la Ciudadanía, el Gobierno haya eliminado ya esta asignatura. No nos
basta con que la maquillen. Como padres no admitimos que nadie, salvo
nosotros, decida qué educación quiere darle a su hijo, en temas tan
trascendentales como la afectividad, la justicia, la ética del trabajo.
Le llevamos a un colegio del que compartimos los valores y al que
pedimos que colaboren, que nos ayuden a educarle en la verdad, no nos podemos permitir que con una asignatura introduzcan puntos de vista y criterios que no compartimos, y
lo más esquizofrénico es que le evalúen sobre eso como lo hacen con
conocimiento del medio, donde todos, incluso el niño, damos por
descontado que las teorías que se exponen son ciertas. Son ciencia. Pues
en la moral no hay ciencia, hay criterios, y el nuestro es el que vale,
no el de los autores de libros de ingeniería social que se distribuyen
en España»,
Este matrimonio no espera que la asignatura cambie a corto plazo, con
este Gobierno, aunque «confía en que algún día se retire esta peligrosa
herramienta de ideologización que tanto daño ha hecho a nuestros niños a
lo largo de estos años». «Me gustaría poder contarle mi caso al Ministro y que los miles de padres objetores le pudieran contar lo que siguen padeciendo únicamente por defender sus derechos constitucionales», concluye María Sierra.
Mientras tanto, el Ministerio de Educación sigue recogiendo
aportaciones para mejorar el Anteproyecto de la Ley de Mejora de la
Calidad Educativa. Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, espera que el
Gobierno articule alguna fórmula para compensar las represalias
académicas sufridas en los últimos 5 años por los objetores a EpC. «Se
la han jugado, y lo siguen haciendo, por la libertad y los derechos de
todos. Qué menos que se les reconozca», concluye Urcelay.
En la imagen, la familia Albi-Raneri, padres objetores a EpC de Madrid.
PROFESIONALES POR LA ÉTICA
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