El PP «desmontará» la ley de Educación en sus comunidades

La senadora del PP por Madrid, Ana Camins; el presidente del Partido Popular, Pablo Casado;
y la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, durante la firma contra la 'Ley Celaá',
en la mesa instalada por el PP de Madrid en las inmediaciones del Congreso de los Diputados

 El Partido Popular no da por perdida la batalla, después de que el Gobierno lograra el apoyo del Congreso, bastante justo, a su ley de Educación. El PP gobierna en cinco comunidades y se ha comprometido a defender y proteger, dentro de las competencias autonómicas, la educación concertada y la especial, así como el castellano.

La ofensiva del PP ha empezado en varios frentes. De entrada ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas contra la ley Celaá, que luego entregará a las plataformas educativas. Pablo Casado firmó ayer en la Plaza de las Cortes, y se sumó a las más de 10.000 que el PP lleva contadas en la Comunidad de Madrid.

Además, el principal partido de la oposición presentará mociones en todos los ayuntamientos y parlamentos regionales, para exigir a Gobierno que modifique la ley y regrese al pacto constitucional educativo. Los populares quieren que los barones socialistas se pronuncien sobre la defensa del castellano como lengua vehicular o sobre la educación concertada.

Poder territorial

Pero, además, el PP quiere aprovechar su poder territorial en cinco comunidades y una ciudad autónoma para «desmontar» la ley Celaá, según confirmaron fuentes de la dirección nacional del partido. El vicesecretario de Territorial, Antonio González Terol, tiene previsto reunirse la próxima semanas con todos los consejeros de Educación y de Presidencia de su partido para coordinar una acción conjunta y las iniciativas que pondrán en marcha con el objetivo de frenar la ley del Gobierno. Los populares consideran que pueden hacer uso de sus competencias autonómicas para proteger el castellano como lengua oficial, y para garantizar la libertad educativa.

El PP esperará a detallar sus medidas al momento en que esté aprobada la ley de forma definitiva, una vez pase su segunda lectura en el Senado y regrese al Congreso para su luz verde definitiva. Se espera que sea en febrero. Por eso, en Génova no ha sentado demasiado bien que algunos de sus barones, como el de Castilla y León, se adelante con su propia estrategia. Casado quiere que haya una respuesta coordinada.

El PP quiere esperar, además, a que el Gobierno de Sánchez desarrolle el contenido de la ley a través de un decreto. Será entonces cuando los populares hablen con juristas y constitucionalistas, para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional y para analizar qué margen de maniobra tienen exactamente dentro de las competencias de las comunidades y los ayuntamientos. «Hay que frenar esta locura de ley», subrayó ayer la portavoz de Educación del PP, Sandra Moneo.

El líder de los populares ha anunciado también su intención de derogar la ley Celaá en cuanto llegue a La Moncloa, así como su propósito de llevarla a Europa si se consuma su ataque a la libertad educativa.

La ofensiva del PP se completa con su apoyo a las movilizaciones y protestas que se produzcan durante el fin de semana, y que se harán con vehículos por la situación de pandemia. El secretario general, Teodoro García Egea, participará en la manifestación de Murcia, y los vicesecretarios harán lo propio en diferentes municipios.

abc.es