La discriminación de la opción de la educación diferenciada es, posiblemente, el aspecto que más críticas está suscitando del Proyecto de Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, cuyo trámite acaba de iniciarse en el Congreso de los Diputados. La cuestión, con ser importante por lo que implica de en ampliación de las restricciones de la ya maltrecha libertad educativa en España, no es, sin embargo la única deficiencia grave de este nuevo paso estratégico del proyecto ideológico del Gobierno. Así lo ha destacado, síntetica pero certeramente, Carlos Rodríguez Braun, Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid (en la imagen). En una columna publicada en el diario La Razón con el título “Trato legal”, el ilustre economista ha subrayado como el proyecto castiga la libertad de prensa, condiciona la libertad de empresa y la propiedad privada, se promueve el poder sindical, limita la presunción de inocencia y el derecho a la intimidad, y crea una nueva “Autoridad para la Igualdad de Trato y la No Discriminación”, que podrá imponer sanciones de hasta 40.000 euros.
Afortunadamente, el proyecto no será tramitado por la vía de urgencia porque la Mesa del Congreso -con el apoyo del PP, CiU y PNV- rechazó la propuesta del Gobierno en tal sentido. Es, desde luego, una buena noticia. Las críticas del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, el CES y el Consejo de Estado son también importantes. Pero sigue muy viva la amenaza de una ley que, como señala Rodríguez Braun, “puede aumentar la intromisión y el control del poder político sobre las vidas, haciendas y libertades ciudadanas”.
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