La Asamblea Nacional francesa ha rechazado la legalización del matrimonio homosexual. A día de hoy, de los 192 países que integran la Organización de Naciones Unidas, sólo 10, entre los que figura España, han suprimido la institución matrimonial como vínculo específico entre el hombre y la mujer.
La imposición de la ideología de género desde el poder es un atentado contra la democracia y contra el principio de neutralidad que debe inspirar la acción política de los Gobiernos. Y en el caso que nos ocupa, es además un ejercicio revolucionario que pretende alterar por la vía de la ley uno de los pilares en los que se han sostenido y se siguen sosteniendo las sociedades desde el origen de los tiempos.
Como muy certeramente ha denunciado el Foro Español de la Familia, estamos ante una anomalía jurídica que no se justifica más que por la voluntad de imponer los dictados de minorías intensas y con enorme capacidad de presión política, que no social. A la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre este asunto, es oportuno recordar que la Constitución española sigue estableciendo que el matrimonio es “la institución singular para el compromiso estable entre un hombre y una mujer potencialmente abierto a la vida”. Razón por la que cabe esperar que un cambio político en España, sea una oportunidad inmejorable para regresar a la doctrina constitucional.
ANÁLISIS DIGITAL
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