La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha aprobado la ‘Declaración con motivo del proyecto de ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida’ en la que pone de manifiesto que el proyecto de Ley de Muerte Digna, “deja puertas abiertas a la legalización de conductas eutanásicas”.
Los obispos españoles, reunidos la pasada semana en su CCXX Comisión Permanente, han aprobado una declaración en la que advierten que la ley de muerte digna, tal y como está configurado el proyecto de ley, podría suponer “una legalización encubierta de prácticas eutanásicas”, además del “erróneo tratamiento del derecho fundamental de la libertad religiosa” y de un retroceso en el campo del reconocimiento de los derechos de la persona. En concreto, el documento consta de dos partes: en la primera, se expone el Evangelio de la vida; y en la segunda, se hace una valoración de la cuestión a la luz de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. Además, consta de una conclusión en la que los obispos “toman postura” sobre el proyecto de Ley de Muerte Digna.
Para informar de la Declaración, compareció ayer en rueda de prensa el portavoz de los obispos, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, que leyó algunos de los artículos del texto, como el artículo 17, sobre el que fue preguntado en varias ocasiones: “No identificamos el orden legal con el moral. Somos, por tanto, conscientes de que, en ocasiones, las leyes, en aras del bien común, tendrán que tolerar y regular situaciones y conductas desordenadas. Pero esto no podrá nunca ser así cuando lo que está en juego es un derecho fundamental, como es el derecho a la vida. Las leyes que toleran e incluso regulan las violaciones del derecho a la vida son gravemente injustas y no deben ser obedecidas. Es más, esas leyes ponen en cuestión la legitimidad de los poderes públicos que las elaboran y aprueban. Es necesario denunciarlas y procurar, con todos los medios democráticos disponibles, que sean abolidas, modificadas o bien, en su caso, no aprobadas”, reza el artículo.
Además, en el texto, piden que se reconozca y garantice el derecho a la objeción de conciencia a los profesionales sanitarios que se vean implicados en “situaciones que conlleven ataques legales a la vida humana” y rechazan que “desaparezca el criterio de la ‘lex artis’ o buena práctica médica como límite a la absoluta autonomía del paciente terminal”.
En esta línea, aunque los obispos admiten la intención “laudable” del proyecto de ley de “proteger la dignidad de la persona en el final de la vida sin despenalizar la eutanasia”, señalan que “no lo consigue” porque “deja puertas abiertas a la legalización de conductas eutanásicas”. Concretamente, consideran que “una concepción de la autonomía de la persona como prácticamente absoluta y el peso que se le da a tal autonomía en el desarrollo de la ley acaban por desvirtuar la intención declarada y por sobrepasar el límite propuesto de no dar cabida a la eutanasia”. Asimismo, señalan que algunos conceptos se explican de forma “reductiva” en la normativa como la definición del término eutanasia que, a su juicio, se centra sólo en las acciones directas y “se deja abierta la puerta a las omisiones voluntarias que pueden causar la muerte o que buscan de modo directo su aceleración”.
Según la CEE, entre las conductas “eutanásicas” que se “legalizarían” con esta normativa estaría la “sedación inadecuada” cuya aplicación, según explican los obispos, debería depender del “juicio médico y no de la voluntad del paciente”, un punto que, a su parecer no queda claro en el texto, pues incluye este tratamiento como “un derecho” del paciente.Igualmente, consideran que la normativa también podría favorecer el abandono terapéutico y la omisión de los cuidados debidos, al establecer la norma la realización de actuaciones sanitarias que garanticen el “debido cuidado” del enfermo y no especificar en ese concepto aspectos como la “alimentación e hidratación” del mismo.
Erróneo tratamiento del Derecho a la libertad religiosa
Por otra parte, en la declaración, los obispos aseguran que en el proyecto de ley está “mal tratado” el derecho de libertad religiosa que “ni siquiera se menciona”. En su lugar, el texto legal formula “un nuevo derecho al acompañamiento dentro del cual incluye una asistencia espiritual o religiosa de la que se dice que los pacientes tendrán derecho a recibir si ellos se la procuran”. Para monseñor Martínez Camino se ha producido un cambio “positivo” entre el anteproyecto y el proyecto de ley ya que en el primero “ni siquiera se decía que los pacientes tenían derecho a una asistencia espiritual” mientras que en el segundo sí se reconoce, aunque no alude a los Acuerdos internacionales o convenios firmados con la Iglesia Católica ni con el resto de confesiones.
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