“La libertad de expresión o información no puede, en una sociedad abierta, quedar en manos de una comisión administrativa que decida qué blogs/webs tienen derecho a existir y cuáles no”, proclama el manifiesto Libertad 2.0.
Si se aprueba en las Cortes la medida del Gobierno, cualquier sitio web podrá ser clausurado por la policía del pensamiento creada por el Gobierno. Su decisión deberá ser ratificada por un juez de la Audiencia Nacional en un plazo de cuatro días. El Gobierno pone a los usuarios de la Red al mismo nivel que narcotraficantes y terroristas.
Los firmantes de Libertad 2.0 señalan que “los derechos de autor no son más que el argumento esgrimido por el Gobierno para instalar la censura y liquidar la libertad de expresión. No estamos en una batalla contra los creadores sino en una lucha por la defensa de nuestras libertades y derechos civiles”.
La iniciativa Libertad 2.0 pide, además de la retirada de la disposición final que abre la puerta a una policía del pensamiento, la supresión del llamado canon digital y un cambio legislativo “para que las entidades de gestión de derechos de autor dejen de poder ejercer presiones intolerables sobre los ciudadanos y que se auditen de forma inmediata las cuentas de todas estas entidades”.
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