Buena respuesta de la CEOE a la iniciativa de la ministra Pajín. Hay seguir defendiendo la libertad de enseñanza.
Los empresarios claman contra la ministra de Sanidad y Política Social, Leire Pajín, por prohibir las ayudas a colegios que separan a los estudiantes por sexo. Y es que la patronal no está ni de lejos conforme con el anteproyecto de Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, aprobado el pasado viernes por el Ejecutivo. Según las alegaciones remitidas al Consejo de Estado, a las que ha tenido acceso El Confidencial, CEOE acusa al Ejecutivo de quebrantar la libertad de empresa al apostar por que se queden sin subvenciones los centros que sólo admiten niños o niñas.
“Además de atentar contra un derecho consolidado en nuestro ordenamiento jurídico, como es el de la libertad de empresa, con esta disposición se pretende extinguir modelos educativos legítimos”, subraya la patronal. Y es que el anteproyecto que llega ahora al Congreso establece que los centros educativos que excluyan a grupos o personas por “alguna de las causas establecidas en esta ley, no podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública”. Una medida que complica la viabilidad de las casi 70 escuelas que actualmente agrupan a los alumnos en función de su sexo y reciben fondos de las comunidades autónomas.
Según expone la organización presidida por Juan Rosell, la decisión carece de fundamentos pedagógicos, “pues la educación diferenciada es un modelo educativo que no supone discriminación, no pretende separar al alumnado, ni discriminar a un sexo determinado”. De hecho, estima que la medida “pretende superar” la Ley Orgánica de Educación e incluso podría ir en contra de la Carta Magna. “Tal y como se redacta, podría entenderse vulnerado el artículo 27 de la Constitución, en sus apartados 3 y 6”, remata. El primero de esos puntos contempla el derecho de los padres “para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. El segundo, la libertad de creación de centros docentes.
Pajín rechazó ese planteamiento y defendió la medida tras el último cónclave de ministros. “No se trata de desaparecer, sino de no financiar este tipo de colegios”, puntualizó, recordando que el Consejo de Estado avala la tesis del Ejecutivo. Hábilmente, CEOE hace pasiva la oración. “Se determina que en ningún caso podrán acogerse a financiación pública los centros educativos que excluyan del ingreso en los mismos a grupos o personas por razón de algunas de las causas establecidas en esta Ley. ¿Se entiende con ello que con este apartado se legitima a los centros que excluyen del ingreso en los mismos a grupos de personas por alguna de las razones establecidas en la Ley?”, se cuestiona.
Un despilfarro de fondos públicos
No es la única crítica de los empresarios. También acusan a Pajín de derrochar fondos públicos al crear un nuevo organismo de supervisión con la misión de velar por el cumplimiento de la ley. “La actual coyuntura económica, que requiere hacer los máximos esfuerzos de contención y ahorro en los presupuestos y recursos públicos, lleva a cuestionar la necesidad de crear la Autoridad para la Igualdad de Trato y la No Discriminación”, expone la patronal, para la que “deberían hacerse valer los mecanismos actuales” para garantizar esos derechos. Su financiación estará a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, aunque también se contempla la posibilidad de que reciba subvenciones y otras aportaciones que se concedan en su favor.
Tampoco entiende bien la organización empresarial que dicha Autoridad sea nombrada por el Gobierno mediante Real Decreto y por un período de seis años. No en vano la designación de su cabeza visible en los próximos meses podría ser un regalo envenado para el próximo Ejecutivo. Según explica la Confederación, “con el objetivo de asegurar la máxima eficiencia en el desarrollo de sus funciones, consideramos que el titular de dicha Autoridad debería ser una persona de consenso, por lo que su nombramiento debería recaer en el Congreso de los Diputados, en lugar de en el Gobierno”. El anteproyecto de ley estipula que este nuevo organismo podrá investigar, de oficio o a instancia de terceros, posibles casos de discriminación.
Los empresarios también se quejan del papel que el anteproyecto de ley concede a los sindicatos, que deben también vigilar que no hay discriminación en las compañías. La norma establece que “la representación legal de los trabajadores velará por la promoción del derecho a la igualdad de trato (…) en la empresa”. CEOE teme que la encomienda pueda ser un quebradero de cabeza adicional para los empresarios en caso de conflictividad laboral. Para la patronal, esta concesión debe suprimirse, ya que “no puede otorgarse a los representantes de los trabajadores una labor de vigilancia (…) que el artículo 12.3 encomienda a la Inspección de Trabajo”.
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