La educación ha irrumpido con una fuerza inusitada en la agenda política y social de la última semana. El Partido Popular ha inaugurado el ciclo colocando sus propuestas para un pacto educativo en el tejado del Gobierno y de la opinión pública. Con este motivo ha resurgido de nuevo la polémica de Educación para la Ciudadanía (EpC), un conjunto de asignaturas que el PP pretende suprimir en algunos casos y reformar en otros reconociendo (es de agradecer) su carácter adoctrinador.
En Educación Secundaria Obligatoria (ESO), los populares reformarán los contenidos de estas materias EpC para que sólo transmitan «valores constitucionales». La Constitución y el ordenamiento político-jurídico español se abordan ya en Ciencias Sociales y en Historia. Entonces, ¿por qué ese empeño en introducir una nueva materia que aborde los «valores constitucionales»?
Para la actual EpC, los valores incluidos en la Constitución Española «constituyen el referente ético común». No hay que olvidar que muchas EpC autonómicas otorgan a sus respectivos estatutos de autonomía el mismo carácter de «referente ético» obligatorio. En definitiva, una vieja trampa para enseñar positivismo jurídico, según el cual la ley aprobada en el Parlamento es fuente de moral (por encima de las convicciones y creencias «privadas»). Esperemos que los populares se den cuenta a tiempo y no se dejen marcar este gol.
La libertad de educación, por tanto, sigue en el alero. Y no habrá pacto educativo posible si no se respetan los derechos de los padres reconocidos por el artículo 27.3 de la Constitución. En esas estamos.
Teresa García-Noblejas (en Alfa y Omega)
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