Los colegios concertados no mixtos ahorran al Estado 85 millones al año

Numerosas asociaciones critican taxativamente la retirada de subvenciones a estos colegios. "No saldrá adelante, es propio de un país tiránico".

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, iniciaba ayer la ronda de contactos para la presentación del anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación por razón de sexo, discapacidad, enfermedad, orientación sexual u origen étnico. Fue la primera reunión formal del anteproyecto y se realizó con 13 entidades. Entre ellas, ninguna educativa, a pesar de que una de las disposiciones de la Ley asume competencias de Educación y pretende la eliminación de las subvenciones a los colegios de educación diferenciada (no mixtos).

LA GACETA se ha puesto en contacto con las cinco asociaciones que agrupan a más de 70 colegios y 60.000 alumnos de toda España a los que afectaría la ley en el caso de ser aprobada. La mayoría de ellas no creen que la norma salga adelante. “Sería algo propio de un país tiránico y absolutamente totalitario y España no es así”, afirma convencido José María Barnils, presidente de la delegación catalana de EASSE (Asociación Europea de Educación Diferenciada). “Lo que debemos plantearnos es que, si realmente este modelo de educación fuera discriminatorio, este tipo de colegios, directamente no existirían”, explica. Es por eso que, la mayoría de asociaciones coinciden en que la impresión general es que la medida carece de fundamentos pedagógicos y responde a motivos ideológicos.

“La educación diferenciada es realmente un hecho progresista”, aclara Barnils, “propio del siglo XXI. De hecho muchas personas e instituciones que se tiraron a la educación mixta al siglo XX, en estos momentos están reconsiderando el tema. Estoy hablando, por ejemplo del sociólogo Michel Fize, asesor de Gobierno en Francia, de Heidi Simonis, en Alemania. Esta gente, defensores a capa y espada en su día de la educación mixta, se han dado cuenta de la necesidad de dejar a los países, a las escuelas de organizarse con libertad de la mejor manera”, concluye. Barnils aclara también que estos colegios ahorran al Estado español, hoy por hoy, 85 millones de euros anuales.
Por su parte, la empresa Fomento de Centros de Enseñanza aclara que este anteproyecto de ley no es coherente con la Directiva del Consejo de la Unión Europea 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, que reitera el carácter no discriminador de la educación diferenciada. A su juicio, atenta claramente, además, “contra la libertad de creación y elección de centros garantizada por nuestra Constitución, imprescindible en un estado democrático que se define por su pluralismo”.

Las asociaciones que agrupan estos colegios argumentan que la enseñanza diferenciada no pretende segregar a los niños, sino que busca adaptar los diferentes ritmos de aprendizaje para lograr una verdadera igualdad de oportunidades, lo que enriquece el abanico de posibilidades educativas de la sociedad. “Un niño de 12 años no suele tener el mismo nivel de madurez que una niña con la misma edad, por lo tanto, sus ritmos educativos han de ser distintos”, explica Barnils.

La Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos y Padres de Familia (Concapa) se cuestiona cuáles son los fines reales de esta ley: “Si realmente se persiguiera una igualdad de trato, deberían empezar con que todos los alumnos tengan acceso a la gratuidad del Bachillerato y la Formación Profesional”, explican.

Ninguna de las asociaciones consultadas quieren aventurarse a hacer cábalas sobre qué ocurrirá si el anteproyecto prospera. “Es improbabilísimo que salga adelante”, explican, “pero en el caso de que sea así, para que las Comunidades Autónomas, que tienen todas las competencias transferidas en educación, la cumplan, debe eregirse en ley orgánica”. “Habrá un gran movimiento de padres si esto sucede ya que supone un claro atentando contra nuestra Constitución”, concluyen.

LA GACETA