Tres horas duró ayer una de las audiencias más interesantes desde el punto de vista jurídico y más trascendentes en el político de los que ha visto la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
afp
Los 17 jueces titulares y tres suplentes, encabezados por el presidente del Tribunal, Jean Paul Costa, escucharon los argumentos del Gobierno italiano para pedir que se revoque la sentencia del 3 de noviembre del año pasado en la que esta institución declaraba que la presencia de crucifijos en un colegio público violaba el derecho a la enseñanza y a la libertad de conciencia de los demandantes. La decisión del tribunal tendrá consecuencias directas en toda Europa.
El ministro de Exteriores del país transalpino, Franco Frattini, manifestaba ayer su confianza en que todo este asunto llevará a un «resultado positivo». Frattini definió la defensa del crucifijo en los lugares públicos como «una gran batalla por la libertad y por la identidad de nuestros valores cristianos».
Nicola Lettieri, el representante del Gobierno italiano, al que apoyaban otros países miembros del Consejo de Europa (Armenia, Bulgaria, Chipre, Grecia, Lituania, Malta, Rusia y San Marino) dijo que el crucifijo que se mantiene en las aulas de los colegios públicos de este país es «un elemento histórico y tradicional» y negó que atente en ningún caso contra el derecho a la educación de los demandantes. «El crucifijo es un elemento pasivo, que no tiene relación con la enseñanza que es laica», lo que a su juicio no supone «ningún atentado a las creencias de sus padres». La sentencia del año pasado establecía que la demandante tenía derecho al sentir lesionados los derechos de sus hijos a la enseñanza y a la libertad de pensamiento debido a la presencia de un crucifijo en el aula.
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