En concreto, el PP se opone a que la práctica del aborto se convierta en un derecho, a la posibilidad de interrumpir libremente el embarazo hasta la semana 14 de gestación o la capacidad para abortar sin el consentimiento paterno que se reconoce a las menores de 16 y 17 años. Por estos motivos, pedirá al Constitucional que resuelva el asunto por la vía de urgencia y suspenda de forma cautelar la aplicación de la conocida como 'ley Aído', según publica hoy el diario 'ABC'.
En este sentido, el principal partido de la oposición argumenta que su recurso se basa en la doctrina aplicada por el Constitucional hasta ahora y que defiende que el derecho a la vida "es el derecho fundamental esencial y troncal", así como que "la vida humana comienza con la gestación". Además, alegan que el aborto se plantea como un conflicto entre los derechos de la mujer y los del no nacido, por lo que consideran que no puede contemplarse sólo desde la perspectiva de uno de ellos.
Por ello, los 'populares' creen que el Estado tiene la obligación de defender el derecho a la vida del no nacido y que, a su juicio, entra en contradicción con la ley recurrida que hace del aborto un derecho de la mujer, incluso en el caso de las menores de 16 y 17 años que pueden abortar sin el consentimiento de sus padres. En su opinión, esto supone una doble inconstitucionalidad al privar a los padres del ejercicio de la patria potestad, al tiempo que se priva a las hijas de gozar de la protección y asesoramiento de sus progenitores.
En este sentido, el principal partido de la oposición argumenta que su recurso se basa en la doctrina aplicada por el Constitucional hasta ahora y que defiende que el derecho a la vida "es el derecho fundamental esencial y troncal", así como que "la vida humana comienza con la gestación". Además, alegan que el aborto se plantea como un conflicto entre los derechos de la mujer y los del no nacido, por lo que consideran que no puede contemplarse sólo desde la perspectiva de uno de ellos.
Por ello, los 'populares' creen que el Estado tiene la obligación de defender el derecho a la vida del no nacido y que, a su juicio, entra en contradicción con la ley recurrida que hace del aborto un derecho de la mujer, incluso en el caso de las menores de 16 y 17 años que pueden abortar sin el consentimiento de sus padres. En su opinión, esto supone una doble inconstitucionalidad al privar a los padres del ejercicio de la patria potestad, al tiempo que se priva a las hijas de gozar de la protección y asesoramiento de sus progenitores.
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