Una norma innecesaria que genera la sospecha entre médico y paciente y abre la puerta a la práctica eutanásica.
El Parlamento de Andalucía aprobó el pasado 19 de marzo, con el voto de los tres grupos de la Cámara autonómica (PSOE, PP e IU), la Ley de derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso de la muerte, la primera norma autonómica de España que regulará los derechos del paciente durante la última etapa de su vida y las obligaciones de los médicos tanto en centros públicos como privados.
La nueva ley andaluza regula la limitación del esfuerzo terapéutico, prohíbe el ensañamiento terapéutico y permite a los pacientes rechazar un tratamiento que prolongue su vida de manera artificial. También da cobertura a la sedación paliativa para aliviar el sufrimiento de los enfermos aunque ello pueda acortar su vida. Hasta ahí parece una ley razonable y justa que toda persona sensata firmaría, pero no es oro todo lo que reluce.
Según Mª Dolores Espejo (presidenta de la Fundación Bioética, profesora universitaria y enfermera), “los cuidados paliativos ya estaban. Los profesionales de la sanidad sabemos cómo cuidar a los enfermos en su fase terminal. Es falso que exista mala práctica. Esta norma genera en el paciente y en su familia desconfianza hacia el personal y sobre todo envía a la sociedad el mensaje de que se trata del primer paso en el camino de la despenalización de la eutanasia. Me sorprende que, en términos generales, haya habido unanimidad entre los grupos parlamentarios”.
ACEPRENSA
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