El proyecto de nueva Ley de Libertad Religiosa anunciado por el Gobierno sigue siendo una incógnita. Sin demanda social que pueda justificarla, el contexto en que se ha planteado suscita más inconvenientes que ventajas. La actual Ley de 1980 está funcionando bien y las manifestaciones de los representantes del Gobierno y sus socios culturales hacen pensar que pueda tratarse de una maniobra para recortar la libertades civiles de los católicos y avanzar con el proyecto laicista.
Rafael Navarro-Valls, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense, ha analizado en EL CONFIDENCIAL, desde el Foro de la Sociedad Civil, el señalado contexto así como los caminos que caben al Gobierno si quiere ser respetuoso con la libertad religiosa.
LA LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA
Hoy los juristas cultivamos los derechos humanos como un jardinero cuida sus flores. Tal vez por eso el recelo se insinúa cuando desde fuera, es decir, desde el poder político, se anuncia una ley que afecte directamente a uno de ellos. Esta inquietud especialmente se percibe cuando se trata de la libertad de expresión o de la libertad religiosa.
Efectivamente, el anuncio de una ley de prensa suele crear inquietud en sus principales destinatarios, esto es, los periodistas. Se piensa —con cierto fundamento— que una ley de prensa tiene sentido en estados autoritarios cuando desean aflojar algo la mordaza que cierra las bocas de los ciudadanos. No suele tenerla en las democracias sólidas, salvo en las etapas de transición y, en este caso, para potenciarla. Convertir la libertad de prensa “en un río sin agua”, suele ser la consecuencia de obstaculizarla legalmente.
Con la libertad religiosa sucede otro tanto. Si nos fijamos en España y en su entorno, se coincidirá en que las leyes de libertad religiosa han sido fruto de sistemas autoritarios o mecanismos para salir definitivamente de ellos. Este es el caso de España y Portugal.
Rafael Navarro-Valls
elconfidencial.com
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