El programa correspondiente deberá además haber sido autorizado por la propia Administración educativa y por el Consejo Escolar de cada colegio o instituto.
La Orden, que será de aplicación en todos los centros sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Valenciana, supone un significativo paso en el cumplimiento por los poderes públicos del mandato constitucional por el que están obligados a garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Así mismo, es coherente con lo dispuesto en la Ley de Protección Jurídica del Menor.
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