El gobierno de España quiere adoctrinar en las aulas en su ideología contraria a la ley natural y la moral cristiana

Como era de esperar, tras la aprobación de la nueva ley educativa -Lomloe o «Ley Celaá»-. el gobierno social-comunista que gobierna España con el apoyo parlamentario de los secesionistas, va a usar los reales decretos de enseñanzas mínimas para adoctrinar ideológicamente a los niños y jóvenes españoles, pisoteando de forma totalitaria el derecho de los padres sobre la educación de sus hijos.

Los reales decretos de enseñanzas mínimas establecen qué hay que aprender en cada asignatura. Y es el medio elegido por la extrema izquierda que gobierna España para asegurarse el control ideológico del futuro a través de los niños y adolescentes que estudian tanto en la escuela pública como en la concertada.

Si ayer se supo que piensan usar incluso la asignatura de matemáticas para adoctrinar en la ideología de género, hoy la prensa española ha dado a conocer el contenido de otras asignaturas.

El Gobierno promueve el «descubrimiento personal de la sexualidad» y «juegos exploratorios estimulantes» para los niños de 0 a 6 años

Es importante esta información de hoy para caer en la cuenta hasta donde pretende llegar la nueva ley de educación en España. El Ministerio de Educación está elaborando los currículos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato que desarrollan la 'ley Celaá'. Para el caso de Primaria, se fomenta la motivación por las matemáticas «desde una perspectiva de género»

La 'ley Celaá' no 'aterriza' en las aulas con su mera aprobación sino hasta que estén elaborados y aprobados los llamados reales decretos de currículo básico o enseñanzas mínimas, es decir, aquellos que establecen específicamente cómo se impartirán las asignaturas de las distintas etapas educativas (Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato).

El Ministerio de Educación ha enviado a las comunidades alguno de los borradores de dichos decretos, a los que ha tenido acceso ABC.

Las preguntas de la ‘ley Celaá’: El futuro de la sociedad en juego

La convivencia y calidad de distintos modelos es el objetivo de los padres y madres que han manifestado su oposición a la nueva ley de educación

Qué está pasando en nuestro país para que, en plena pandemia, problema sanitario mundial cuyos principales afectados somos las familias, estemos hablando de una reforma educativa que se planteó hace 2 años y que no da respuesta a la situación que vivimos desde hace unos meses.

Qué está pasando para que se esté elaborando una Ley de Educación, la ley más importante para el futuro de un país, sin consenso, sin debate, sin diálogo ni con la sociedad civil, ni con los agentes implicados, sin ni siquiera debate en el seno del Congreso ya que las enmiendas y transaccionales se han votado a toda velocidad.

Ley educativa, religión e ideología

 

«Necesitamos educar con referencias espirituales y con valores transcendentes Diseñar la educación a bandazos, al albur del viento político que más sople, es un verdadero despropósito»

Con la llamada “ley Celaá” se anuncia la enésima reforma educativa en este país. Cuándo llegará un consenso educativo estable que, dejando a un lado la injerencia continua de las ideologías políticas de turno, otorgue a las familias y a los educadores el verdadero protagonismo que deberían tener en la educación.

Una «marea naranja» colapsa 30 ciudades de España para defender el derecho de los padres contra la «ley Celaá»

El viernes el gobierno socialcomunista de España aprobó la ley educativa que cercena el derecho de elección de los padres y que incluso quiere eliminar por la vía de los hechos los colegios de educación especial, en los que se forman alumnos con necesidades especiales.

En un ambiente festivo y sin ningún incidente. Con una manifestación adaptada a los tiempos que corren, los padres, profesores y colectivos afectados por la reforma de la ley educativa aprobada en el Congreso este viernes se echaron a la calle en coche y colapsaron este domingo el centro neurálgico de Madrid y de otras decenas de calles en toda España.

El PP «desmontará» la ley de Educación en sus comunidades

La senadora del PP por Madrid, Ana Camins; el presidente del Partido Popular, Pablo Casado;
y la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, durante la firma contra la 'Ley Celaá',
en la mesa instalada por el PP de Madrid en las inmediaciones del Congreso de los Diputados

 El Partido Popular no da por perdida la batalla, después de que el Gobierno lograra el apoyo del Congreso, bastante justo, a su ley de Educación. El PP gobierna en cinco comunidades y se ha comprometido a defender y proteger, dentro de las competencias autonómicas, la educación concertada y la especial, así como el castellano.

La ofensiva del PP ha empezado en varios frentes. De entrada ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas contra la ley Celaá, que luego entregará a las plataformas educativas. Pablo Casado firmó ayer en la Plaza de las Cortes, y se sumó a las más de 10.000 que el PP lleva contadas en la Comunidad de Madrid.

La derecha parlamentaria responde con gritos de «libertad» a la aprobación en el Congreso de la Ley Celaá

 

Los grupos parlamentarios han votado este jueves las últimas enmiendas transaccionales presentadas a la Lomloe o ley Celaá y se han rechazado varias para reforzar la enseñanza concertada. Al final se ha producido un enfrentamiento contundente entre la izquierda y la derecha. La votación final de la tarde ha sido muy ajustada, pues el sí ha vencido por un solo voto de diferencia.

El pleno ha sufrido esta mañana un parón de casi tres minutos durante el cual diputados del PP Vox y Ciudadanos daban golpes en sus escaños y gritaban «libertad» mientras los del PSOE y Unidas Podemos aplaudían la polémica nueva ley de Educación, que sustituirá a la conocida como Ley Wert.

La Comisión Europea pone en duda el éxito de la «ley Celaá» por la falta de consenso social y político

 

El pasado viernes, cuando se aprobó en el Congreso de los Diputados el dictamen del proyecto educativo del Gobierno, la Lomloe, más conocido como «ley Celaá», la diputada socialista Mari Luz Martínez Seijo, acusó a la oposición de «generar un clima de suspicacia y sospecha sobre la viabilidad de la ley». 

Algo parecido dijo este domingo el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, en Twitter: «Estamos recibiendo emails de personas preocupadas por la Ley de Educación. Su preocupación parece provenir de haber sido desinformadas sobre varios elementos que se repiten». Y para «resolverlo», el partido morado recurrió a un documento que pretende ayudar a esos ciudadanos «desinformados». Pero parece que no es solo la oposición, la comunidad educativa o la calle los que están preocupados por la tramitación de la «ley Celaá», en concreto, si se está haciendo con el suficiente consenso social y político.

La ley de educación, una broma de mal gusto

Erradicar el castellano de las aulas, asestar un golpe definitivo a la educación especial, penalizar la escuela concertada o premiar a los alumnos suspendidos igual que a los aprobados no era suficiente. 

La ley Celaá tenía que ir más allá contra la libertad, y por eso en el trámite definitivo de enmiendas ha incluido la obligatoriedad de aprender «Cultura de las Religiones» -no Religión-, y una fiscalización doctrinaria de la educación sexual hasta en niños con 6 años. Si no fuese porque la ley es real, todo parecería una broma de mal gusto. 

Ley Celaá: oposición en las formas y en el fondo

A comienzos de marzo, y tras ser aprobado en el Consejo de Ministros, comenzaba oficialmente su trámite parlamentario el proyecto de nueva ley educativa española, la LOMLOE, también conocida como “ley Celaá”. En realidad, se trataba de un inicio “repetido”, pues el mismo texto ya había recibido el sello gubernamental un año antes, en febrero de 2019. Entonces la convocatoria de elecciones, que se anunció ese mismo día, dejó aparcado el proyecto.

También esta vez las circunstancias se han interpuesto en su camino, con la suspensión de las sesiones parlamentarias ordinarias por la pandemia. Sin embargo, y a pesar de que aún no se ha podido recuperar la normalidad política, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha defendido que esto no es impedimento para que la tramitación siga su curso.