El pasado 3 de abril, EE.UU. retiró al Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) la financiación de unos 75 millones de dólares anuales que le ha entregado desde 2009. El Fondo facilita servicios de “salud reproductiva” en gran parte del mundo, principalmente en países en desarrollo.
Al quitarle los fondos, el gobierno de Donald Trump ha seguido la misma línea que sus predecesores republicanos desde Ronald Reagan, por la cooperación del UNFPA en campañas de control de la natalidad. En concreto, un memorando del Departamento de Estado acerca de la orden del presidente alega que el UNFPA “apoya o participa en la gestión de un programa de aborto forzoso o esterilización involuntaria en China”.
Según el New York Times, un informe de la misma instancia, pero del año pasado –con el demócrata Barack Obama en el gobierno–, reconocía que el país asiático no había abandonado todavía esas prácticas. Ahora, aunque el memorando no especifica exactamente cuáles son los nexos actuales entre los abortos y esterilizaciones a que obligan las autoridades chinas y la labor del UNFPA, es dudoso, a juzgar por los precedentes, que el organismo internacional no haya estado al tanto de esas violaciones de los derechos humanos.

