Ayer el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo con el que pretende conseguir una reducción de 3.000 millones de euros en las cuentas públicas.
Las medidas contenidas en el Real Decreto Ley tienen carácter
dispositivo y habrán de ser moduladas por las Comunidades Autónomas. La nota oficial de la reunión del Consejo de Ministros
precisa además que “estas medidas de racionalización del gasto no son
la reforma educativa del Gobierno, pero si condición previa y necesaria
para llevarla a cabo”.
También ayer, según informa ABC, la Secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, insistía durante el IX Congreso Internacional de Educación en que España vive un momento de «emergencia educativa», lo que hace que sea necesario que se impulsen «reformas profundas» para mejorar la calidad de la formación de los alumnos.
Con todo y a pesar de estas salvedades, asistimos a un riesgo
evidente de que “el enésimo intento de reforma de nuestro sistema
educativo se pone en marcha en circunstancias que abonan una visión economicista tanto de las necesidades como del papel de la enseñanza“. Así lo denunciaba esta semana Cristina Losada (en la imagen) en el interesante artículo “No todo es dinero”, publicado en Libertad Digital.
