Era conocido que, con la ley aprobada en 1997, sobre libertad de conciencia y asociaciones religiosas, se controlaba de hecho la práctica de la religión en Rusia.
La regulación era más severa aún que la española de la postguerra: la primacía total era para la Iglesia ortodoxa; las demás confesiones, así como posibles ONG de inspiración diversa, tenían que someterse a un férreo registro para conseguir el reconocimiento legal. Con el fin de evitar el desarrollo de nuevos grupos, se estableció la necesidad de probar que las organizaciones estaban presentes en Rusia durante más de quince años.
Además, se fijó un plazo perentorio de registro, para fin de ese año 1997. Algunas parroquias católicas de Siberia, como grupos protestantes o mezquitas, no pudieron inscribirse, como consecuencia de la resistencia de autoridades locales, que no fue posible superar dentro de ese término temporal.
Como era previsible, afectó a los Testigos de Jehová, que decían contar entonces con unos 300.000 miembros en Rusia. Se les acusaba de destruir familias, fomentar la discordia nacional, refrenar los derechos individuales o convertir a menores sin permiso de sus padres. El proceso de suspensión no fue adelante en Moscú. Pero el año pasado se promulgaron nuevas leyes aún más restrictivas de la libertad, con la excusa de la lucha contra el terrorismo.