En una sociedad verdaderamente liberal, cabe esperar que el Estado sepa acomodar las distintas visiones del mundo que concurren en el espacio público, sin exigir a nadie que preste su conformidad a una de ellas. Sin embargo, en su reciente sentencia contra una universidad cristiana, el Tribunal Supremo de Canadá renuncia a buscar ese acomodo y opta, en cambio, por limitar la diversidad de perspectivas.
La Trinity Western University (TWU), una pequeña universidad evangélica, quería abrir una facultad de Derecho con sendas sedes en la Columbia Británica y Ontario. Como cualquier otra universidad, debía solicitar la concesión del permiso a los colegios de abogados de esas provincias. Y estos debían comprobar que la universidad cumplía los requisitos académicos mínimos para asegurar una formación profesional competente.
