La noticia fue reproducida rápidamente por los medios el pasado 27 de abril: una mujer había sido detenida en Santander tras haber pegado un cachete y zarandeado a su hija de 10 años.
La chica había salido del colegio y se había retrasado dos horas en llegar a casa, lo que motivó la alarma de la madre y su airada reacción. Un vecino llamó a la policía y la mujer terminó en comisaría.
Si la oficina policial, en vez de en la capital cántabra, hubiera estado en Noruega, ya la arrestada podía despedirse de su hija. En el país nórdico, el Barnevernet (Servicio de Bienestar Infantil) es muy ágil para retirar la custodia a los padres al menor signo de violencia. Y tanto, que a veces se pasa.
Una información de BBC señala varios casos en que los progenitores se han quedado de piedra ante la súbita separación forzosa de sus hijos y su entrega a familias de acogida. El motivo puede ser que se haya infligido a los chicos un castigo corporal, que no tiene por qué ser mucho más que una palmada –la ley noruega prohíbe tajantemente cualquier corrección física–, o argumentos más subjetivos, como la “falta de competencias parentales”.
En comparación con los números de España, el índice es proporcionalmente mayor. Partiendo de que la población total de menores de 18 años en Noruega era de 1.1 millones en 2011, contra 7,9 millones en España, de los que 29.291 estaban bajo custodia del Estado en 2013, se advierte que el porcentaje de menores noruegos alejados de sus padres es del 0,78%, algo más del doble del español (0,36%).
Un celo excesivo, sin lugar a dudas, y una torpeza. Hacer interpretaciones milimétricas de la ley puede garantizar orden y “corrección”, pero difícilmente produzca mejores seres humanos. ¿Es eso a lo que aspira Noruega?
Aceprensa
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