La Comunidad de Madrid ha sancionado con 1.000 euros al director del colegio concertado Juan Pablo II de Alcorcón, Carlos Martínez, por enviar una carta a los padres de los alumnos el pasado 9 de septiembre.
En esa carta, que expresaba su opinión, (derecho amparado en la Constitución por la ley de libertad de expresión), decía lo siguiente: “Qué barbaridad prescindir de la verdad natural del hombre y del derecho inalienable de los padres a la educación de los hijos! ¡Qué dogmatismo acusar de discriminación a quien piensa diferente! ¡Qué despropósito pretender imponer una ideología a fuerza de sanciones! La mentira siempre tiene miedo a la luz de la verdad y al contraste de las ideas. El parecido con el fanatismo terrorista es inquietante”.
Estas manifestaciones no gustaron al colectivo LGTBI y la asociación Arcópoli, denunció los hechos. Tras una investigación, la Comunidad de Madrid multa al director por vulnerar la ley de protección integral contra la diversidad sexual y de género. Arcópoli han celebrado esta sanción porque considera que esta frase incita al odio.
Por su parte, el colegio ya ha advertido que no pagará la multa y recurrirá la pena por el camino administrativo por lo que consideran un atropello a la libertad de expresión.
Si la justicia ha absuelto a la concejala de Ahora Madrid, Rita Maestre, por proferir insultos dentro de una capilla universitaria como “Arderéis como en el 36” “Vamos a quemar la Conferencia Episcopal” al considerarlas manifestaciones amparadas en el derecho a la libertad de expresión, el mismo derecho debe proteger las opiniones vertidas en la carta del director del colegio Juan Pablo II.
Y si se multa al colegio y se absuelve a Rita Maestre, algo no va bien.
Zenón de Elea.
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