No hay maternidad subrogada ética

En un dictamen recién publicado, el Comité Consultivo Nacional de Ética (CCNE) francés se pronuncia a favor de mantener la prohibición de la maternidad subrogada. Piensa que esta práctica supone “un número importante de riesgos y violencias médicas, psíquicas y económicas”. Y considera que debe ser rechazada en nombre de los principios del respeto a la persona humana, el rechazo de la explotación de la mujer, la negativa a la cosificación del niño y la indisponibilidad del cuerpo humano.

El rechazo de la “gestación para otros” (GPA), como se denomina en Francia, es la que alcanza un mayor consenso entre los miembros del CCNE, que en el mismo dictamen se pronuncia sobre la procreación asistida para mujeres solas y la conservación de óvulos propios (la parte dedicada a la maternidad subrogada es el capítulo 4).

Frente a los que hablan de una maternidad subrogada “altruista” o “ética”, el Comité advierte que, aunque esto pudiera darse en algún caso, “lo esencial de la GPA pasa por agencias comerciales cuya sede está en países donde esta práctica es legal, pero cuya actividad está muy internacionalizada”. También señala que en países que autorizan y reglamentan la GPA sin fines de lucro, como en Gran Bretaña, muchas veces se recurre a mujeres de países extranjeros, si no hay suficientes gestantes nacionales dispuestas.

Aunque en algún caso pudiera darse la motivación altruista (“muy rara y casi limitada a la GPA entre parientes”), el Comité piensa que “el argumento económico es el elemento esencial de la operación y la solidaridad con los padres intencionales puede ser un elemento de segundo orden, si no menor”. De hecho, las gestantes son en su gran mayoría mujeres de países pobres y de países intermedios con fuertes disparidades económicas (Asia del Sur, Ucrania, Rusia, y, en menor medida, México, Grecia). El caso de EE.UU. constituye un modelo aparte, con gran disparidad entre los estados.

Perjuicios a la mujer gestante

Para el CCNE, las consecuencias de la GPA pueden verse como “violencias” ejercidas contra las mujeres reclutadas como gestantes y contra los niños que nacen.

Desde el punto de vista económico, en la mayoría de los casos, las gestantes se comprometen para cubrir sus necesidades básicas y las de sus hijos, por ejemplo, para financiar sus estudios. La GPA supone que los riesgos que comporta toda gestación y parto se corran en beneficio de otro y por razones financieras. Cualquiera que sea la reglamentación, “tales prácticas, también en los países desarrollados, favorecen que las desigualdades sociales crezcan y se hagan permanentes”.

También se ejerce una violencia jurídica, ya que “en los países del Sudeste asiático es poco probable que las gestantes puedan dar un consentimiento libre e informado, tanto por la situación económica que condiciona su libertad como por las diferencias educativas entre las partes (intermediarios, profesionales sanitarios, padres intencionales), con lo que se produce una gran desigualdad en la negociación con las agencias”.

Tampoco hay la seguridad de que la mujer gestante sea indemnizada en caso de pérdida o malformación del feto. Además, en los contratos “múltiples cláusulas restringen las libertades de las gestantes, lo que atenta contra los derechos humanos”.

“En todos los países, sigue diciendo el CCNE, la violación de las buenas prácticas médicas es frecuente: especialmente, la transferencia de un número excesivo de embriones, y una reducción embrionaria en función de lo que desean los padres intencionales, o también el recurso no justificado a la cesárea, con las dificultades que pueden resultar”.

Desde el punto de vista psíquico, la ruptura del lazo que se establece naturalmente entre la gestante y el bebé tiene sus consecuencias. “El nacimiento del niño se produce en un contexto de ‘ruptura’ del vínculo que se había establecido. Esta ruptura es a menudo dolorosamente experimentada por la gestante, incluso cuando se cree preparada para ello, y puede ser origen de depresión. Algunos hablan de ‘abandono programado’ del niño. Se trata de un abandono no solo tolerado, sino organizado por la sociedad, pero también autorizado por el Estado”.

En EE.UU., “los testimonios revelan la necesidad de un esfuerzo psíquico para evitar el apego al niño, con un doble sentimiento de culpabilidad por parte de la gestante: malestar de experimentar ese sentimiento por el bebé; malestar de tener que negar una maternidad vivida en el propio cuerpo”.

Las consecuencias para el hijo

Luego el CCNE expone los riesgos médicos y psíquicos que la maternidad subrogada hacer correr a los niños nacidos de este modo.

El niño debe construir su identidad integrando a distintas personas que han intervenido en su venida al mundo. “En el origen del niño, puede haber hasta cinco personas: uno o dos padres intencionales con los que vivirá, la gestante, una donante/vendedora de ovocitos, eventualmente un donante de esperma en caso de GPA con doble donación de gametos”. Esto implica numerosas disociaciones en cuanto al origen genético y a la genealogía del niño. Se disocia el origen genético y el origen gestacional, que imprimen marcas biológicas distintas.

Desde el punto de vista médico, en principio se presta una gran atención a la salud de los embriones implantados en la gestante, pues esto es condición necesaria para que esta práctica mercantil se desarrolle. Sin embargo, los embarazos múltiples a los que a menudo se recurre para obtener un rendimiento óptimo son causa de bebés prematuros y de complicaciones en el parto. Cuando aparece una malformación en el curso del embarazo o tras el nacimiento, se plantea la cuestión de si el bebé será aceptado por los comitentes. Ya se han dado casos de bebés abandonados por sus padres intencionales, bien sea por sufrir una discapacidad o porque en el ínterin estos se han separado.

En cuanto a los riesgos psíquicos, nada se sabe directamente del traumatismo de la separación del niño respecto a la madre gestante, pero se trata de una ruptura total con el entorno de su vida intrauterina. “Ciertamente, dice el CCNE, es imperativo no ocultar al niño sus orígenes y el proceso seguido por sus padres intencionales. ¿Cómo se resentirá de haber sido objeto de un contrato, que se haya recurrido a una mujer remunerada con la que ha compartido la intimidad durante el embarazo y de la que ha sido separado después?”.

En la adolescencia, el hijo puede reprochar a los padres intencionales el anonimato de la madre gestante y de la donante de óvulos, si así se estableció, o bien tratar de entrar en contacto con ellas, contra la opinión de sus padres.

En cualquier caso, el Comité recuerda que el cuerpo humano no es objeto de comercio: “Si los elementos y productos del cuerpo humano pueden, dentro de ciertas condiciones, ser objeto de donación, la persona humana no puede ya, desde la abolición de la esclavitud, ser objeto de un contrato. En el contrato de GPA, el cuerpo y la persona del niño están en una situación de objeto de contrato, incompatible con los principios generales del derecho”.

Principios que justifican la prohibición

El CCNE constata que estos riesgos y violencias están presentes en todas las GPA, aunque en distintos grados, según sea la desigualdad entre las partes, de modo que resultan más graves en lo que llama el modelo “indio” que en el “americano”.

El Comité muestra su gran preocupación por “la rápida expansión del mercado internacional de la GPA, bajo la influencia de agencias con fines comerciales y de grupos de presión dedicados a presentar y a hacer valer en los medios de comunicación imágenes positivas de este mercado”. En este fenómeno el CCNE ve “una producción de niños con fines de adopción entre personas privadas”, para compensar la escasez de niños adoptables.

El CCNE examina también el argumento de que la prohibición de la maternidad subrogada sería un atentado a la libertad de las mujeres, actitud calificada de “paternalista”. Sin embargo, “considera que no es libertad la que permite a la gestante renunciar por contrato a algunas de sus libertades (libertad de movimientos, de vida de familia, cuidados indispensables para su salud…)”.

“La persona humana, en este caso la del niño, no puede ser objeto de actos de disposición, ya sea a título oneroso o a título gratuito. Esta es una de las razones de la prohibición de contratos de adopción entre personas privadas”.

“En conclusión, el CCNE sigue manteniendo los principios que justifican la prohibición de la GPA, principios invocados por el legislador: respeto de la persona humana, rechazo de la explotación de la mujer, rechazo de la cosificación del niño, indisponibilidad del cuerpo humano y de la persona humana. Estimando que no puede haber GPA ética, el CCNE desea el mantenimiento y el refuerzo de su prohibición, cualesquiera que sean las motivaciones médicas o sociales de los demandantes”. Es más, se manifiesta favorable a la elaboración de una convención internacional para la prohibición de la GPA.

aceprensa.com