Fórmulas creativas para el cuidado de los ancianos

El reciente batacazo electoral de Theresa May y la necesidad de conseguir apoyos para gobernar han rebajado algo la tensión que generó el anuncio de una reforma drástica en el modelo de ayudas públicas para el cuidado de los mayores. Si bien la propuesta inicial, que afectaba a un millón de personas mayores, se ha frenado, todavía hacen falta mucha negociación y fórmulas innovadoras para acometer el cambio.

El denominado irónicamente “impuesto sobre la demencia”, con el que May pretendía arreglar la falta de fondos para el cuidado los mayores, va a ser sustituido, según anunció el Gobierno británico la semana pasada, por medidas consensuadas más suaves a las que habrá que añadir iniciativas sociales, como las microempresas que varios municipios han contratado para paliar la falta de compañías en el sector. Solo en el condado de Somerset, de medio millón de habitantes, se han creado 173 empresas sociales desde noviembre de 2014, con las que se atiende a 700 ancianos en sus propias casas.

Las microempresas surgieron gracias a la acción conjunta de ayuntamientos y organizaciones sin ánimo de lucro y se pusieron en marcha para evitar que muchos ancianos de la zona fueran trasladados a residencias ante la falta de ayuda a domicilio. En Somerset, por ejemplo, el impulso comenzó con Community Catalist (CC), una empresa social que busca soluciones en el ámbito de la salud y el bienestar, y ya ha trabajado en otras cincuenta zonas del país.

Con su ayuda, profesionales procedentes de otros sectores o desempleados montaron sus propias microempresas y se dieron a conocer entre médicos y asistentes sociales de la zona. “Es la primera vez en mi vida que no me cuesta ir a trabajar ni me esperan cien mensajes cuando llego a la oficina”, dice a The Guardian Yet Dutton, una profesional que trabajó en servicios financieros durante treinta años y ahora dedica seis días a la semana a limpiar, lavar, hacer la compra y cocinar para sus clientes.

Ahorro y calidad

En Sommerset, Community Catalist cuenta con un presupuesto de unos 85.000 euros del ayuntamiento y de los fondos del Servicio Nacional de Salud (NHS) y ha conseguido que se den de alta unos 220 trabajadores del condado en el sector de cuidados domésticos. Uno de los atractivos de este tipo de empleos es la posibilidad de organizarse autónomamente y moverse en un entorno conocido. Al ayuntamiento le sale más económico, ya que cobran el equivalente de 11-17 euros por hora, 4,50 euros menos que los trabajadores de las grandes empresas, lo que ha supuesto un ahorro anual de 454.000 euros, según recogía The Guardian.

Otra de las ventajas de las microempresas es la de mantener un estándar de calidad alto. Como dependen de la recomendación personal para darse a conocer, “el nivel del servicio que prestan es realmente alto. Si lo hacen mal, se sabe rápidamente y no es fácil que recuperen su reputación”, señala Stephen Chandler, director de Servicios Sociales para Adultos de Somerset.

Junto a Dutton, en Sommerset han creado microempresas de servicios domésticos personas con otros perfiles, la mayoría sin formación relevante en este ámbito: un empelado de banca, un fotógrafo o simplemente una madre con deseos de ganar algún dinero adicional. Lo que tienen en común es su carácter emprendedor y el haber estado al alcance de un reclutador local, como explica el coordinador de CC en Somerset. “Mi papel es servir de broker entre los que tienen ideas y quieren ofrecer algo a su comunidad local, y el grupo de personas que también necesita un poco de ayuda en el mismo ámbito”, señala Rhys Davies.

Gasto social

El problema que afronta Gran Bretaña y que May no ha sido capaz de resolver parte del difícil equilibrio de contar con dos vías de ayuda para cubrir el gasto social de los ancianos: los municipios y el NHS (Servicio Nacional de Salud). La crisis ha ido esquilmando los fondos sociales que anualmente disponían los primeros para contratar empresas y, con precios bajos, las grandes compañías perdieron todo interés. Al haberse suspendido los cuidados a domicilio en varias zonas del país, los mayores han tenido que permanecer en los hospitales más tiempo por intervenciones leves o caídas, bloqueando las camas del NHS y creando un problema económico mayor.

Actualmente el Estado paga los costes sociales a los mayores con propiedades valoradas en menos de 23.250 libras (26.400 euros) y, en cambio, los propietarios de casas valoradas por encima de ese límite lo pagan de su bolsillo. Para los que viven en residencias públicas, el límite incluye el valor de su casa; si los ancianos no se trasladan y reciben los cuidados en sus domicilios, conservan la propiedad y puede ser heredada por sus hijos.

En un intento de racionalizar el sistema, Theresa May lanzó en su manifiesto anterior a las elecciones de junio la idea de elevar el límite del valor de las casas a 100.000 libras (113.500 euros), pero incluyendo a la vez la obligatoriedad de vender la casa al Estado, tanto para los que se trasladaban a residencias como para los que se quedaban en sus domicilios.

Pese a que May no fijaba la fecha de esta venta de la casa y proponía respetarla para el cónyuge mientras viviera, la medida diseñada fue muy criticada por buena parte de sus votantes mayores, y se identificó con algo similar a lo propuesto por los laboristas en 2010 y que entonces se calificó como el death tax.

Ahorrar para la vejez

Algunos dicen que el Gobierno británico no valoró bien el efecto de lo que proponía, en una sociedad acostumbrada a ahorrar para la vejez y el patrimonio familiar, y a esperar que los servicios de ayuda sean provistos casi gratuitamente por el Estado. O que, en realidad, la reforma no era más que un parche en un sistema ya débil. Como explicaba The Wall Street Journal, los críticos han señalado la inequidad de pretender mantener “un sistema de cuidados sociales autofinanciado por el usuario y a vez un sistema de salud público, pagado con los impuestos de todos”.

Imponer, como quería May, que todos abonen gastos al elevar el techo de renta mínima para contribuir, “sin fijar un límite en los costes sociales por persona, solo servirá para que las personas mayores se empobrezcan más”, criticaba decepcionado el economista Andrew Dilnot, promotor de la necesidad de una reforma duradera del sistema desde 2011.

El sistema británico atiende actualmente a alrededor de un millón de personas mayores, cifra que podría duplicarse en el plazo de diez años, según las estimaciones del Tesoro. El problema, que en marzo requirió una inyección urgente de mil millones de libras (1.135 millones de euros) y la promesa de una cifra igual a lo largo de los tres próximos años, va a requerir todavía mucha negociación política y fórmulas creativas, después de lo que se ha calificado como el primer gran paso en falso de los conservadores.

aceprensa