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lunes, 13 de junio de 2016

Padres de alumnos plantan cara al acoso político a la concertada

El acoso que los gobiernos autonómicos de izquierda han iniciado contra la educación concertada, se ha encontrado con la resistencia de los colectivos afectados. Padres de alumnos y centros educativos han plantado cara al intento de estos nuevos ejecutivos de achicarles espacios en beneficio de la escuela pública. 
No están dispuestos a rendirse y ya empiezan a movilizarse en la calle, como sucede en Castilla-La Mancha, donde ya se han convocado manifestaciones. El debate sobre el modelo educativo, que estaba fuera de la agenda política, se ha reabierto de nuevo, cuestionándose la financiación pública de la concertada, que la izquierda quiere reducir.
ValenciaLa educación concertada ha estado en el punto de mira del Ejecutivo socialista que gobierna con el apoyo de Compromís. «Se ha terminado la barra libre para los conciertos educativos», proclamó el conseller de Educación, Vicent Marzà
La primera medida de acoso ha sido un cambio en la elaboración de la planificación escolar que perjudica a la concertada y que afecta a 300 colegios y a unas 1.250 familias, según datos de la patronal de Escuelas Católicas. Dichas modificaciones consisten en que, por primera vez, se realiza la apertura y cierre de aulas de forma conjunta (públicos y concertados). 
La Generalitat defiende su modelo y asegura que no es perjudicial porque el balance final entre unidades que se abren y que se cierran es cero. Frente a la versión del Gobierno, el portavoz de la Mesa por la Educación en Libertad, Vicente Morro, mantiene que se han suprimido 31 unidades.
Sobre las subvenciones, la Mesa por la Educación en Libertad niega que haya aportación de la Administración con carácter general, solo unasubvención de 600 euros, vinculada a proyectos concretos. «Las aportaciones de los padres son voluntarias y suelen estar vinculadas a servicios y a actividades extraescolares. No hay pagos a fondo perdido y mucho menos obligatorias», señalan. De hecho, existen colegios concertados donde no se cobra nada y otros con impagos, informa Rosana Belenguer.

Baleares

En Baleares, el gobierno del PSOE y los econacionalistas MÉS, con el apoyo de Podemos, ha tomado medidas contra la concertada La Escuela Católica de Baleares criticó que la Consejería de Educación decidierasuprimir conciertos previamente otorgados. A su juicio, dicha revisión era «extemporánea» e «injustificada», aumentaba «la inseguridad jurídica» y suponía «un menosprecio absoluto a la voluntad de las familias». Posteriormente, el consejero de Educación, el socialista Martí March, firmó con los representantes sindicales de la concertada un acuerdo para que los sueldos de los profesores vayan igualándose con los de los de los centros públicos. También se acordó la reducción de horas lectivas semanales, de 24 a 23. En ese contexto, el sindicato FSIE ha denunciado que en el curso 2016-2017 los profesores de Secundaria de los centros concertados seguirán teniendo una mayor carga lectiva que los profesores de los institutos públicos, ya que estos últimos tendrán un máximo de 19 horas lectivas, informa J. M. Aguiló.

Galicia

En Galicia hay 236.576 alumnos de la escuela pública por 85.861 de la concertada. La enseñanza de la concertada es gratuita y los padres pagan solo por los servicios complementarios (transporte, comedor, actividades extraescolares... cuyo coste varía en función de las tarifas de cada centro ). En el presente curso, en el que hay 3.853 unidades concertadas, la financiación de la Comunidad ha sido 45.071 euros en Educación Infantil; 215.304 en Primaria y 541.048 en ESO. El 30% del alumnado gallego estudia en centros concertados y el Gobierno ve «imprescindible» velar por el derecho a una educación de calidad para estos estudiantes, en igualdad de condiciones que en la escuela pública. La presidenta de la Confederación Gallega de Ampas (Congama), María José Mancilla, critica que se esté cuestionando la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos: «No entendemos algunas actitudes políticas de ir en contra de la educación concertada, que insisto que es la que nosotros hemos elegido para nuestros hijos», apunta, muy molesta con lo que califica de «auténtico acoso y derribo», informa Elena Pérez.

Navarra

En Navarra el 36% de los alumnos realizan sus estudios en la escuela concertada, porcentaje que sube hasta el 50% en los núcleos urbanos, según un estudio de Institución Futuro. Estos colegios reciben más del 70% de financiación del Estado, muy por encima de la media nacional (58,8%), según el Instituto Nacional de Estadística. En esta Comunidad el peso de la concertada es tan alto que los partidos políticos no se atreven a retirar las subvenciones. Lo que sí pretenden algunas formaciones como Izquierda Unida es que no se subvencionen los centros que segregan por sexo, informa Pablo Ojer.

Castilla y León

La educación concertada supone en la Comunidad alrededor del 30% del total, con unos 105.000 alumnos. El Gobierno regional paga directamente la nómina a los profesores sin que el dinero pase por los centros concertados y existe otra partida denominada «Otros gastos», en la que se incluye el salario del personal de administración o servicios de limpieza y los gastos de funcionamiento y mantenimiento de los colegios concertados. Esta partida centra las demandas de Escuelas Católicas en Castilla y León, ya que «no se ha actualizado» con el IPC desde 1999 e incluso se ha rebajado durante los años de crisis económica, denuncia el secretario de esta asociación, Antonio Guerra, informa Miriam Antolín.

Aragón

La llegada al Gobierno de la alianza PSOE-Chunta con el apoyo de Podemos enrareció la relación entre la Administración y los centros educativos concertados. El conflicto saltó en el colegio concertado«Ánfora» de Cuarte de Huerva. Tenía autorización, pero se le denegó y estalló una batalla legal que sigue su curso, pero el centro logró abrirse a comienzos del curso 2015-2016, como medida cautelar. A todo ello hay que sumar los problemas de financiación. El Gobierno aragonés mantieneimpagos de los fondos a que está obligado. El presupuesto para este año es de 136 millones. Estos fondos cubren las nóminas del profesorado, no el mantenimiento de las instalaciones. Los padres no están obligados a pagar por sus hijos, aunque algunos aportan donativos voluntarios, informaRoberto Pérez.

Cataluña

La concertada supone el 35%del sistema educativo, el 60% en la ciudad de Barcelona. Esta educación sufre una ofensiva política por parte de los partidos de izquierda. Junts pel Sí (JxSí) y PP lograron frenar en el Parlament una proposición de Catalunya Sí que es Pot (CSQEP) que reclamaba modificar la Ley de Educación Catalana (LEC) para suspender la financiación a los centros de élite que separan por sexos, unos 30 en Cataluña. «Es un ataque directo contra la libertad de educación», considera Josep Manel Prats, responsable de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Escuelas Libres de Cataluña (Fapel). La Generalitat aporta a la concertada 1.000 millones y el precio que paga cada padre depende del centro y de muchas variables. Puede oscilar entre los 30 euros que cobra una escuela de Nou Barris (distrito más humilde) hasta los 300 de alguna escuela de la zona de Sarrià-Sant Gervasi, que oferta actividades más pijas, según apunta el presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Escuelas Libres de Cataluña (Fapel). El concierto cubre las cinco horas lectivas pero la sexta hora diaria de clase, que es optativa, así como el servicio de comedor y las extraescolares corren a cuenta de las familias, informa Esther Armora.

Castilla-La Mancha

El acuerdo del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page,con Podemos, de reducir progresivamente la financiación de la enseñanza concertada en beneficio de la pública, ha irritado a asociaciones de padres (Concapa, de confesión católica, ya ha convocado movilizaciones) y ha abierto un debate sobre el mantenimiento de los conciertos. En esta región durante este curso hay 127 centros concertados con más de 55.000 alumnos y en los que han trabajado casi 4.000 profesores. El coste de un alumno en un colegio público supera los 5.000 euros, mientras que en la concertada se reduce casi a la mitad (2.600-2.700 euros). Los conciertos no cubren el cien por cien del gasto, que se completa con una cuota «voluntaria» (a través de fundaciones o asociaciones de padres que aportan entre 20 y 60 euros al mes, dependiendo del centro educativo).
Concapa asegura que este curso la concertada en Castilla-La Mancha recibirá del Gobierno regional 34,7 millones, un 8,6% del gasto previsto en educación (más de 400 millones de euros). El presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) en Castilla-La Mancha, Pedro José Caballero, no entiende este «ataque» a la enseñanza concertada, «que puede coexistir sin ningún problema con la pública».
Otro asunto aún poco tratado es el coste de trasvasar los alumnos de la concertada a los centros públicos. En las Cortes de Castilla-La Mancha ya se ha debatido en dos ocasiones sobre el futuro de la enseñanza concertada. En las dos sesiones, los tres grupos parlamentarios (PSOE, PP y Podemos) presentaron sus resoluciones, que finalmente no fueron aprobadas, informa Mercedes Vega.

País Vasco

En el País Vasco no se han registrado ataques a la escuela concertada bajo el gobierno del PNV. Lo corrobora Asunción Eguren, presidenta de FAPACNE (federación alavesa de padres y madres de alumnos de centros concertados): «No ha habido problemas», indica a ABC. En la misma línea se expresa Carmelo Martínez, presidente de FEGUIAPA (equivalente en Guipúzcoa): «No creo que tengamos motivos para quejarnos», reconoce. Y añade: «El planteamiento de la supresión aquí lo veo complicadísimo, casi inviable. Hay un porcentaje muy alto de demanda de escuela concertada». En efecto, según datos correspondientes al curso 2015-16, facilitados por el Gobierno vasco, de Primaria a FP estudiaron en los centros concertados 134.808 alumnos, frente a los 139.564 de la pública. La educación de un centro concertado la paga íntegramente el Gobierno, pero quedan fuera actividades extraescolares o servicios complementarios. Según Martínez, la cuota mensual que pagan los padres no suele pasar de 80 euros. «Donde sí se crean diferencias añadidas es en los demás servicios: comedor, autobuses. Ahí, igual más de 3 euros por menú y día», matiza, informa Pablo Pazos.
abc.es

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