Teodora Vásquez siempre sostuvo que había sufrido un aborto espontáneo cuando estaba trabajando como limpiadora en un colegio. Los jueces determinaron, movidos por pruebas científicas, que el niño había nacido con vida y había sido asfixiado posteriormente.
Este es tan solo uno de los casos conocidos como “las 17” en los medios. Se trata de mujeres condenadas por homicidio agravado por parentesco, delito que medios y organizaciones abortistas internacionales se han afanado en llamar “el equivalente en este país a un aborto”.
En febrero, Teodora Vásquez fue liberada después de que la Corte Suprema de Justicia del país conmutara su sentencia.
Sorprende que el caso de Vásquez haya llevado a legisladores a plantear la legalización, pues ambos lados de la discusión niegan que haya habido un aborto: la mujer asegura que fue una “complicación ginecológica” y un accidente por un parto de emergencia, y, por su parte, el Instituto de Medicina Legal, junto al juez que dictó la condena, sostienen que hay pruebas suficientes para demostrar que fue un homicidio. En cualquiera de estas situaciones, se podría hablar de una revisión jurídica de las pruebas y la condena, pero la revisión de la legislación sobre el aborto queda lejos de las cuestiones discutidas en el caso.
Las asociaciones provida salvadoreñas aseguran que se trata de un oportunismo mediático para hacer presión sobre el país y que tanto estas mujeres como sus defensores se valen de “mentiras y eufemismos” para justificar la presión a los diputados.
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Aceprensa.comJuan Ramón Domínguez Palacios
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