Resistencia provida en Chile

Santiago de Chile

Chile es uno de los pocos países en el mundo que no acepta ningún tipo de aborto. Hasta hace pocos años existía un cierto consenso social en este tema. El gobierno actual está decidido a legalizarlo, aunque oficialmente solo lo despenaliza.

Santiago. En el primer gobierno de la actual mandataria (Michelle Bachelet, 2006-2010) no se promovió el aborto porque no se vio el espacio político para hacerlo. En 2010, sin embargo, el estado de la discusión había cambiado. Asumía el gobierno de Sebastián Piñera (centro-derecha), y los movimientos sociales de izquierda se levantaban contra él.

El año 2011, mientras los estudiantes paralizaban al país, comenzó a instalarse con fuerza una agenda de temas entre los que destacaba el aborto como muy principal. Piñera fue firme y se opuso a cualquier tipo de aborto, pero el 2014 fue reemplazado por un nuevo gobierno de la presidenta Bachelet. Bachelet impulsó un programa sumamente ideologizado y cargado hacia la izquierda. La nueva coalición, en alianza con el Partido Comunista, se ha caracterizado por promover una agenda progresista tanto en temas de ideología de género, como en reforma tributaria y engrosamiento de la burocracia estatal.

Hoy el proyecto de ley que aprueba el aborto en tres causales (peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación) está pronto a convertirse en ley de la República. Ya fue aprobado por el Senado en una votación muy ajustada y ha cumplido con la mayoría de los trámites legislativos. Vale la pena detenerse en la forma en que se llevó a cabo este debate, pues permite sacar algunas lecciones importantes.

La contienda provida-“pro-choice”

La actual administración ha sido bastante explícita: no pretende dejar el gobierno sin promulgar como ley el proyecto de #AbortoEnTresCausales, como lo llaman. Por esa razón, instituciones que tienen por objetivo lograr una ley de aborto en Chile (Miles y APROFA) han recibido desde el gobierno más de 145.000 dólares del “Fondo Chile”, y otros 290.000 del Ministerio de Educación sólo entre los años 2015 y 2016. Esto, sin contar el casi millón y medio de dólares que han recibido desde la transnacional abortista Planned Parenthood.

La campaña abortista no sólo cuenta con cuantiosos recursos, sino que despliega una argumentación muy bien pensada. La verdad es que en Chile la sensibilidad sigue siendo provida, pero no es a ese tema al que se opone el gobierno. La izquierda chilena e internacional ha sabido articular un discurso que emplea los términos con mucho cuidado: “mujer”, en vez de “madre”; “feto”, en vez de “niño”; “interrupción voluntaria del embarazo” en vez “aborto”.

Por otro lado, su propuesta es sumamente delicada, positiva y ecléctica. Jamás abogan por una ley de aborto libre, pues saben que esa argumentación produce rechazo inmediato en el público. Su estrategia es mostrar otras dimensiones del problema: la situación traumática de una violación, el riesgo ineludible de la vida de la madre, la inviabilidad fetal de carácter letal.

Su argumentación no es contra el niño. Es más: todos sus esfuerzos van dirigidos a sacar al niño del centro de la discusión. Ellos abogan por la mujer, por ahorrarle un trauma, por facilitarle la vida, por hacerla dueña efectiva de sus derechos.

Discurso bien estructurado

La bancada provida, sin embargo, ha sabido salir al paso del doble discurso abortista. Este es, quizá, el tema en el que puede observarse una de las mayores sofisticaciones argumentativas de la centro-derecha chilena: hay argumentos médicos, económicos, políticos, sociológicos, psicológicos… El tema ha sido tratado con rigurosidad por diversos intelectuales, y de transmite en un discurso excelentemente estructurado por parte de muchos políticos e instituciones de la sociedad civil.

Así, destaca Daniel Mansuy, que ha sabido mostrar la cuestión política que se esconde detrás de la argumentación abortista, como el individualismo que no quiere pensar en la víctima del proyecto. Una argumentación similar tomó el diputado Felipe Kast, quien asegura que se opone al proyecto de aborto “por ser un liberal convencido”, pues la libertad de la madre termina donde empieza la del hijo. Entre los actores más abocados a la difusión de ideas, organización de actividades y campañas informativas, pude encontrarse al doctor Jorge Acosta; a Patricia Gonnell, de la “Red por la vida y la familia”; y muy especialmente el doctor Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica de Chile.

Dentro de las instituciones de la sociedad civil, “Siempre por la Vida” ha ido a cazar al adversario en su propia cancha. Su argumentación principal es por la madre, y por la vida que espera a ese niño luego de nacer. Su lema dice bastante: “A las mujeres y los niños: no los dejaremos solos”. Se abocan a la difusión de ideas, la generación de contenido, y la ayuda a las madres en situaciones complejas. Sus mayores aportes han sido con respecto a los cuidados paliativos perinatales.

La sociedad civil se ha mostrado sumamente viva en esta discusión. A organizaciones como “Chile es Vida”, “Reivindica”, “Chile unido”, se suman “Médicos por la vida”, “Matronas por la vida”, “Abogados por la vida”, que constantemente escriben y se pronuncian en la prensa.

El argumento decisivo

El argumento que terminó por desbalancear el debate fue el de la despenalización. Se alegaba que este proyecto de ley se enfrenta con escenas profundamente dramáticas en la vida de la mujer. Tan dramáticas que dejan a la mujer en un estado tal que no se la podía castigar por actuar mal. Así, se ahorra la discusión sobre la bondad o maldad del acto (y por lo tanto de si es o no un asesinato: discusión que estaba bastante ganada por la resistencia provida). El punto ahora pasa por si estamos dispuestos a castigar en situaciones como las que se presentan.

Sin embargo, la argumentación, una vez más, es doble. Se dice que no se legaliza, sino se despenaliza, pero hay tres asuntos que quedan sin resolver. El primero, que la despenalización —si queremos ser coherentes— debería aplicarse sólo a la madre. Sin embargo, se absuelve de la pena tanto a la madre, como al equipo médico y a toda persona que colabore. En estas circunstancias mal podríamos decir que no se trata de una legalización. El segundo tema sin resolver es que la supuesta despenalización no sólo quita la pena, sino que obliga a las instituciones a hacer abortos cuando se los pidan (dejando de lado la conciencia institucional). Una ley que obliga, ¿puede llamarse mera despenalización?

Por último, queda irresoluto el paso al aborto libre. En el caso de la violación, no se exige denuncia ni procedimiento alguno que acredite la verdad del hecho. A la simple invocación de la violación, se abren las puertas del aborto.

Más allá de las evidentes deficiencias argumentativas de la supuesta despenalización, la verdad es que terminó por ser el argumento decisivo para la aprobación de la ley. El Partido Demócrata Cristiano y varios parlamentarios católicos encontraron en este subterfugio la justificación de su aprobación del proyecto. En otras palabras, el argumento de la despenalización logró que el aborto se apruebe con votos de católicos.

Por estos días se cumplen los últimos trámites legislativos. Sólo va quedando la voz del Tribunal Constitucional, que podría restringir en algo las causales: quizá en la causal por violación y la exclusión de la objeción de conciencia institucional, que son los aspectos más evidentemente inconstitucionales. En ese caso, el Tribunal se estaría haciendo eco de las palabras de José Francisco Lagos, presidente de la Fundación Chile Siempre: “Tres personas: un violador, una madre y un hijo. El proyecto de aborto deja libre a una, sola a la otra y mata al último. En ese orden”.

Ignacio Stevenson
aceprensa.com