Afirman que lejos de perseguir la igualdad y no discriminación, trata de imponer una ideología totalitaria.
Para esta plataforma, esta ley vulnera “las libertad de padres,educadores, periodistas, profesionales de la sanidad y, en definitiva, contra las libertades de todos los españoles reconocidas en la Constitución así como en los tratados y convenios internacionales que, precisamente, prohíben toda discriminación por razón de la orientación sexual”, dicen en un comunicado.
Afirman que “con la aparente disculpa de luchar contra esta forma de discriminación (objetivo que evidentemente compartimos), aprovecha para implantar una concepción ideológica propia de las asociaciones LGTBI sobre la persona, de los diferentes modelos de familia y de la sexualidad que, siendo discutibles (pues existe en nuestra sociedad una pluralidad de concepciones) se tratan de imponer a todos”.
Ayer se votó la toma en consideración de esta Proposición de Ley, que según la entidad, contraviene distintos derechos reconocidos en la Constitución Española, como el derecho a la igualdad (art. 14 CE), el derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE), el derecho a la protección de la salud (art. 43.1 CE), el deber de prestar asistencia de todo tipo a los hijos (art. 39.3 CE), el derecho de libertad de expresión (art. 20 CE), el derecho de presunción de inocencia (art. 24.2 CE), el de seguridad jurídica (art.9.3 CE), el derecho de tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), el derecho de educación (art. 27 CE) o el derecho a la libertad ideológica y religiosa (art. 16.1CE), entre otros muchos.
Lourdes Méndez, coordinadora de la Plataforma, explica que “esta proposición, la más radical de toda Europa, supone una transgresión de los valores en los que se asienta nuestro sistema democrático”.
“Pedimos a los diputados que ejerzan su poder de representación para defender los derechos fundamentales de todos los españoles”, afirma.
En su opinión, la protección frente a la discriminación no se puede transformar en privilegio. La defensa de los llamados “nuevos derechos” ligados todos a la ideología de Género, no pueden servir nunca de excusa en un país democrático, para vulnerar derechos fundamentales del conjunto de sus ciudadanos.
Es por ello, que desde el punto de vista de los derechos humanos no caben privilegios ni para los heterosexuales, como tampoco para los llamados LGTBI. Todos son seres humanos, independientemente de su orientación sexual, y gozan de los mismos derechos y obligaciones.
“No es posible que se pueda operar de cambio de sexo a un recién nacido por decisión de los padres, no se pueden introducir multas por defender lo contrario, no se puede invertir la carga de la prueba, eliminando la presunción de inocencia”, afirman.
"No podemos quedarnos en silencio"
Jaime Mayor Oreja, Presidente de One of Us, señala que “esta Proposición socava los cimientos básicos de nuestra sociedad, y no podemos quedarnos en silencio. Es dramático el calendario que pretende imponerse desde los colectivos más radicales de nuestra sociedad”.
Por ello, desde la Plataforma por las Libertades -de la que forman parte más de cien entidades-, “utilizaremos los recursos que nos da el Estado de Derecho en defensa de las libertades de todos. Del principio de Igualdad de todos los ciudadanos con independencia de su orientación sexual, el de la libertad en la Educación, la libertad de expresión, la de creación artística, la de investigación y difusión de lo investigado, el principio de seguridad jurídica, el de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley o el de la presunción de inocencia, que son algunos de los derechos fundamentales conculcados por esta Proposición de Ley”.
Asimismo, hacen una llamada a la sociedad civil, así como a los diputados de los distintos grupos parlamentarios, para que defiendan con nosotros los derechos que esta Proposición de Ley pretende arrebatar a todos los españoles.
Además, miembros de la sociedad civil como el Presidente del Foro de la Familia, Mariano Calabuig se suman al comunicado de esta Plataforma: “Es una ley que se entromete en las responsabilidad de los padres, despreciando la Declaración Universal de Derechos Humanos y la carta de los Derechos Fundamentales de la Unión la Unión Europea en competencias educativas, en defensa y protección de los derechos de los padres”, añade.
Pablo Siegrist, Director General de la Fundación Jérôme Lejeune, entidad adherida a la Plataforma por las Libertades, declara que "tomar en consideración esta propuesta de ley supondría socavar la realidad de lo que es la persona, lo que es innegocibale e inmutable, y eso afectaría negativamente tanto al mismo colectivo LGTBI como al resto de la sociedad. Tratar de modificar la realidad en aras de construir un mundo paralelo que fomenta la discriminación a las personas que no comparten una determinada ideología, recortando sus derechos y libertades fundamentales, no puede llevar a nada positivo. Si un colectivo sufriese discriminación, jamás debería actuar de tal manera que traspasase esa discriminación a otros."
religionconfidencial.com
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