Escribe el embajador José Cuenca: «El derecho a decidir es algo que hemos conseguido con esfuerzo y sacrificio. Y que está consagrado en la Constitución de 1978. Pero tiene que ejercerse en el marco de la ley. Porque si no es así, las normas emanadas de esos dóciles parlamentos amañados pierden su naturaleza democrática. Y las urnas se convierten en lo que nunca deberían haber sido: un torpe y grosero mecanismo autoritario al servicio del que manda»
EL 15 de junio de 1977, en un ambiente de paz y de alegría, los españoles fuimos a las urnas para elegir, de acuerdo con las leyes en vigor, el Parlamento democrático que había de redactar la Constitución de la concordia, que abría para España los caminos de la libertad. Para mí fue algo nuevo. Yo pasaba ya de los cuarenta, ejercía como consejero político de nuestra Embajada en Londres y, sin embargo, era la primera vez que votaba en democracia.
Millones de catalanes pudieron ese día designar a sus representantes en las Cortes de Madrid. Después, volvieron a comparecer ante las urnas en un decisivo referéndum, en el que la Constitución de 1978 recibió un amplio apoyo popular. Dos ilustres juristas catalanes, Jordi Solé Tura y Miquel Roca, habían participado activamente en su elaboración. Y otro catalán, Joan Reventós, pudo decir en el debate celebrado en el Congreso: «Hoy ha terminado la Guerra Civil».
Y así era, en verdad. Los catalanes de entonces vieron en la Carta Magna sólidos motivos para su satisfacción: la referencia en el artículo segundo a las nacionalidades y regiones, la creación de una base política de la que arrancaría el Estatuto y el establecimiento de las premisas necesarias para la consolidación de la Generalidad. Quizá por eso, la Carta Magna obtuvo en Cataluña el 91,9 por ciento de los votos emitidos.
A estas urnas siguieron otras muchas, también en Cataluña: aprobación del Estatuto de Autonomía, que obtuvo un apoyo masivo de los ciudadanos. Y más de una docena de elecciones generales. Y comicios autonómicos, entre 1980 y 2015, donde los catalanes han ejercido sus derechos democráticos nada menos que once veces, para elegir a sus representantes en el Parlamento regional, emanado del Estatuto de Autonomía y de la Constitución. Es decir: urnas y más urnas; pero siempre dentro de la legalidad.
Lo primero que hacen los regímenes totalitarios es suprimir la columna vertebral de toda democracia: el ordenamiento jurídico en vigor. Se trata de abolir las instituciones existentes y, en lugar suyo, poner urnas para dar paso a la «voluntad del pueblo soberano». Que son ellos, claro está.
Fue el caso de Hitler, incendiando el Reichstag, en un acto criminal que le permitió dominar el panorama político y hacer la ley a su manera; y el de la URSS, clausurando la duma para poner en marcha el «Soviet de los trabajadores y soldados», al servicio de la revolución; y el de Mussolini, que mandó los «camisas negras» sobre Roma, en una manifestación de fuerza, dejando el campo libre para la dictadura de la calle; y el de Franco, que decidió poner urnas para sustituir las Cortes democráticas por las orgánicas, a las que añadió el Consejo del Reino: un órgano consultivo que, como recordaba con guasa muy de Cádiz don José María Pemán, «se reunía una vez al año para escuchar al aconsejado».
En este tema de las urnas ha surgido últimamente, como gran especialista, don Nicolás Maduro. ¿Qué hay de malo en poner urnas?, se pregunta el político venezolano. Con todos los respetos, señor presidente, se lo voy a decir a usted y a otros como usted: no hay nada malo en ello; pero, en democracia, las urnas tienen que plegarse a las leyes y a la Constitución. En caso contrario, solo son una artimaña para conseguir unos determinados objetivos. En lo que a usted respecta, mantenerse en el poder. Porque esas burdas maniobras, fruto de la manipulación y la mentira, jamás llegarán a ser una expresión genuina de la voluntad popular, que reside, en Venezuela, en el Parlamento nacional, único que está facultado para actuar en nombre del pueblo soberano.
Pero el señor Maduro, jaleado por los suyos, se aferra a mantener a toda costa su caudillismo personal, en el que asienta un poder ahora santificado por las urnas –las suyas– como fuente de legitimidad. Y sostiene que ni los jueces del Tribunal Supremo, ni la fiscal general, ni los miembros del Parlamento democrático ni las leyes del país tienen poder para impugnar «un acto soberano» salido de las urnas –las suyas– que representan la única ley válida. Porque las urnas –las suyas– son el pueblo. ¿Les suena esta cantinela a quienes han decidido echar mano de las urnas –las suyas–, como expresión suprema de las libertades democráticas?
Los extremistas del independentismo catalán sostienen que «Madrid tiene fobia de las urnas»: una tontería de parvulario que no valdría la pena comentar si no fuera porque llueve y estoy aburrido esta mañana. Y se preguntan, en términos semejantes a como lo hace el presidente Maduro: ¿Qué hay de malo en poner urnas? ¿Es que el pueblo soberano no puede ejercer su derecho a decidir sobre lo que estime conveniente? Pues no, no puede. Por ejemplo: no puede implantar la esclavitud, o las prácticas racistas, o la discriminación sexual, o la pena de muerte, porque lo prohíben la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las leyes internacionales.
En lo que a España se refiere, los catalanes no pueden votar sobre la anexión de territorios vecinos, para restablecer la antigua Corona de Aragón; ni sobre la incorporación de Baleares y Valencia a Cataluña, para dar vida a los «paisos catalans»; ni sobre la fractura de España, de la que forman parte. Porque lo prohíbe la Constitución. Y porque, pienso yo, sobre temas de tal envergadura, algo tendrían que decir, en democracia, tanto aragoneses, valencianos y baleares como el resto de los españoles.
El derecho a decidir es algo que hemos conseguido con esfuerzo y sacrificio. Y que está consagrado, como pieza central de nuestras libertades, en la Constitución de 1978. Pero tiene que ejercerse en el marco de la ley. Porque si no es así, las normas emanadas de esos dóciles parlamentos amañados pierden su naturaleza democrática. Y las urnas se convierten en lo que nunca deberían haber sido: un torpe y grosero mecanismo autoritario al servicio del que manda.
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