Mientras el gobierno de Theresa May decide qué tipo deBrexit propone a la UE, varios casos interpuestos en tribunales de Inglaterra e Irlanda del Norte cuestionan que el ejecutivo tenga autoridad para iniciar el proceso sin plácet parlamentario. Muy probablemente, será el Tribunal Supremo quien decida.
El desarrollo del Brexit no está siendo ni mucho menos un camino de rosas para el ejecutivo británico. El resultado del referéndum ya hacía presagiar una fuerte fractura social, con la población dividida tanto generacional como socioculturalmente. La clase política también parece más enfrentada que nunca: aparte de la previsible oposición de los laboristas, ni siquiera entre los conservadores consiguen llegar a un consenso sobre qué tipo de salida proponer a la UE (dentro o fuera del mercado único) y cuál debe ser el tono empleado en la negociación. El reciente tirón de orejas del canciller Hammond a Boris Johnson y otros partidarios del “Brexit duro” da testimonio de ello.
¿Puede el gobierno puentear al Parlamento?
No obstante, a la riña política y la crispación social se ha unido ahora otro frente de batalla: el judicial. Tres litigios, uno interpuesto en Londres y dos en Irlanda del Norte, amenazan con detener el Brexit incluso antes de que haya echado a andar. Aunque con diferencias en los matices, todos plantean la misma cuestión: el ejecutivo no puede decidir por su cuenta si abandonar o no Europa, y cómo hacerlo.
El primer caso, cuya fase oral ha concluido hace unos días, se centra en los límites de la llamada Prerrogativa Real, la potestad de la corona (y de sus ministros por delegación) para legislar unilateralmente sobre algunos temas. Al igual que otros aspectos del régimen legal británico, esta norma nunca ha sido codificada, de modo que su interpretación ha de buscarse en la jurisprudencia y en el Derecho consuetudinario.
El gobierno de May sostiene que tiene potestad legal para poner en marcha el Brexit. El artículo 50 del Tratado de Maastrich, que regula cómo abandonar la UE, explica que este proceso debe llevarse a cabo “de conformidad con los principios constitucionales” del Estado en cuestión. Según la interpretación del gobierno, entre esos principios está la Prerrogativa Real, que tradicionalmente se aplica a los tratados internacionales.
Sin embargo, los demandantes de un caso (dos ciudadanos británicos, con el apoyo de varias organizaciones sociales) opinan que también son principios constitucionales los límites que varias leyes han puesto a la capacidad del gobierno para legislar sin el Parlamento. Citan, entre otras normas, la Carta de Derechos de 1689; y alegan que la European Communities Act (1972), que sanciona la adhesión del Reino Unido a la Comunidad Europea, fue aprobada por el Parlamento, y solo el Parlamento puede derogarla.
Los medios dan por hecho que, sea cual sea el veredicto, habrá apelación al Tribunal Supremo, que en efecto ya ha reservado varios días a principios de diciembre para tratar el asunto.
Con todo, incluso si la máxima autoridad judicial del país diera la razón al gobierno, el camino para salir de la UE no será fácil. Como explicaba en 2015 el codirector del think tank Open Europe, el artículo 50 del tratado de Maastrich exige que el Parlamento Europeo apruebe por mayoría lo negociado entre la Comisión Europea y el país que desee abandonar la Unión. Además, si el acuerdo incluye cambios en áreas estratégicas como el transporte, debería ser ratificado por todos los parlamentos nacionales de los países miembros.
¿Debe?
Más allá de lo que decidan las cortes, el gobierno argumenta que abandonar la UE es un mandato del pueblo expresado en referéndum, y por tanto tiene la obligación de llevarlo a cabo. Pero otros replican que la consulta nunca fue oficialmente vinculante, a pesar de la promesa personal de Cameron de actuar según la voluntad popular. O alegan que los votantes dijeron que el país abandonara la UE, pero no cómo, y por tanto el ejecutivo no puede dar por descontado el apoyo de la sociedad a su proyecto de Brexit.
Por otro lado, un comité de la Cámara de los Lores ha recordado al gobierno a través de un informe que obviar al Parlamento sería “constitucionalmente inapropiado”. Lo mismo se ha escuchado por boca de algunos miembros de la Cámara de los Comunes: la tradición es consultar a las dos cámaras.
Irlanda del Norte se suma al reto
Además del litigio ante la corte de Londres, y su más que previsible secuela en el Supremo, al Brexit le ha salido otro obstáculo legal. En Irlanda del Norte se han interpuesto dos demandas para reclamar que la decisión final sobre abandonar o no la UE pase necesariamente por la Asamblea del Ulster. Detrás de la primera está un activista, padre de un chico asesinado en los peores años del conflicto entre unionistas y republicanos. Teme que si el Reino Unido deja la UE, se acaben las ayudas europeas a las víctimas de terrorismo. La segunda parte de un grupo de parlamentarios de varios partidos, que consideran ilegal el proceso por el que el gobierno de May pretende monopolizar la decisión sobre el Brexit.
En ambos casos, los demandantes argumentan que los acuerdos del Viernes Santo, y la ley por la que se aplican, que devolvía la autonomía al territorio después de décadas de administración directa desde Londres, contemplan expresamente la pertenencia del Reino Unido a la UE. La salida implicaría modificar esos textos, para lo que se necesita la aprobación de la Asamblea norirlandesa.
aceprensa.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario