El pasado 24 de septiembre, cerca de 400.000 mexicanos inundaron el Paseo de la Reforma, en la capital del país, para mostrar su rechazo a una iniciativa presentada en mayo por el presidente Enrique Peña Nieto, que pretende modificar la Constitución para reconocer como matrimonios las uniones de personas del mismo sexo.
La manifestación fue convocada por el Frente Nacional por la Familia (FNF), un movimiento cívico que congrega a millones de padres y madres, jóvenes, adultos, creyentes y no creyentes, “convencidos que el futuro de México depende del futuro de sus familias”.
Entre sus principales demandas, los congregados pedían sostener un encuentro con el mandatario para explicarle las posibles consecuencias de la modificación constitucional. Entre ellas destacan el debilitamiento de la familia; la imposición en la escuela pública de una ideología, lo que penalizaría el disenso y limitaría la potestad de los padres en cuanto a la educación de sus hijos, y la erosión de las libertades de conciencia, de expresión y religiosa.
Manipulando la Constitución
Para sacar adelante su proyecto, el gobierno echó mano de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, aprobada en 2015, la cual determinó que “la Ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional”.
Los magistrados alegaron un “vacío” en el artículo 4 de la Carta Magna. El texto estipula: “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”.
Aunque lo sugiere, el artículo no dice expresamente que el fundamento de la familia sea la unión estable de ambos, lo que sí hacen otras constituciones latinoamericanas, como la de Colombia en su artículo 42 (algo que, valga decir, no ha impedido que los jueces colombianos digan digo donde las leyes dicen Diego).
Matrimonios en barra libre
Fue con este respaldo que Peña Nieto firmó su iniciativa de decreto, en la que propone adicionar en el artículo 4 el derecho de toda persona mayor de 18 años a contraer matrimonio, que no puede ser restringido por origen étnico o nacional, género, discapacidades, religión, preferencias sexuales o por “cualquier otra [condición] que atente contra la dignidad humana”.
Pero además de la Constitución, el mandatario ha hecho suyas las exigencias del lobby LGTB para modificar el Código Civil. Su propuesta pasa por añadir un artículo (el 146) para redefinir el matrimonio como “la unión libre de dos personas mayores de edad con la intención de tener una vida en común”, y otro (el 136 bis) para permitir, a quien lo desee, solicitar una nueva acta de nacimiento en que se reconozca la “identidad de género” que prefiera.
Asimismo, se modifica un artículo (el 390) para que la mencionada identidad, en una persona que desee adoptar a un menor, no sea un obstáculo legal. Además, se suprime el artículo 156 IX, con lo que desaparece un impedimento elemental para el contrato matrimonial: que puedan establecerlo entre sí personas con enfermedades mentales que les impidan gobernarse a sí mismas.
“Más despacio, señor presidente”
Ahora bien, aunque la Corte Suprema le ha posibilitado al gobierno hacer toda esta innovación, el mandatario mexicano no tiene vía libre para hacer que el decreto entre en efecto automáticamente y se traduzca en nuevas normativas.
Por un lado, encuentra obstáculos en los procedimientos de tramitación. El abogado mexicano Guillermo Gazanini, experto en temas constitucionales y de derechos humanos, lo explica detalladamente en su blog: la iniciativa de modificación del artículo 4 de la Constitución y las enmiendas al Código Civil fueron enviadas en mayo al escrutinio de la Comisión de Puntos Constitucionales y a la de Justicia, respectivamente, pero el atraso de ambas comisiones en el examen de otras iniciativas previas amenaza con dejar fuera de plazo la de reforma constitucional, mientras que ya venció el de las modificaciones al Código Civil, y el propio gobierno ni se molestó en pedir prórroga a la Comisión correspondiente.
Según Gazanini, otro camino que tendría el Ejecutivo para intentar sacar adelante esos cambios sería sometiéndolos a la consideración del pleno de la Cámara de los Diputados, pero ahí lo tendría crudo: “No se trataría de una aprobación por mayoría simple y en automático; debería ser avalada por la ‘mayoría calificada’, es decir, si en esa hipotética sesión estuvieran presentes los 500 diputados, se necesitarían 334 votos a favor de la propuesta, cosa demasiado improbable”.
Ante la intimidación, ser propositivos
Por otro lado, continúa la presión popular en defensa de la familia y de las libertades.
El lobby LGTB, que apenas pudo reunir en Reforma a unos centenares de simpatizantes en oposición a la marcha pro-familia, ha respondido a la iniciativa con el doble discurso del victimismo-por-homofobia y con el ataque directo. El autodenominado Frente Orgullo Nacional (FON) ha hecho “revelaciones” acerca de la presunta homosexualidad de conocidos miembros de la Iglesia mexicana, que no organizó la gigantesca manifestación, pero que evidentemente respalda sus objetivos en pro de la familia.
El responsable de Comunicación de la arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, una de las figuras en la mira del FON, ha calificado llanamente la acusación de abuso y de chantaje. “Pretenden silenciar a la Iglesia, o que el cardenal castigue a los tres sacerdotes falsamente acusados, lo cual no sucederá, porque para proceder en una acusación no basta un anónimo cobarde o una denuncia escandalosa en los medios, sino presentar formalmente una denuncia acompañada de las pruebas, lo cual no han hecho”.
La intimidación, según es de prever, irá en ascenso, pero el FNF no pretende hacer el juego del enfrentamiento. Su intención es persistir en la vía propositiva, para lo que ha elevado al gobierno su propia iniciativa de reforma del artículo 4, que es anterior a la propuesta de Peña Nieto y ha sido respaldada por más de 240.000 firmas.
Hasta ahora, sin embargo, el proyecto languidece sobre el escritorio presidencial. La enorme demostración del día 24, y las que vendrán, quizás sirvan para que EPN lo desempolve y le eche al menos una ojeada.
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