La Federación de Municipios y Provincias propone un plan nacional con deducciones fiscales, ayudas a la compra de vivienda y a la natalidad, y extensión de internet.
Más de la mitad de todos los municipios de España están en riesgo de extinción demográfica. Son más de 4.000 pueblos los que subsisten con menos de 500 habitantes o que están sumidos en un continuado declive poblacional que les sitúa próximos a esa crítica barrera.
Los datos los aportaba hace escasos meses un informe de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el mismo organismo que ha sido capaz de sacar adelante el primer pacto nacional entre PP, PSOE e IU para, con una lista de propuestas concretas de acción, plantar cara al avance del desierto demográfico y apremiar al Gobierno para que, junto a las comunidades autónomas, se pongan manos a la obra al calor de quienes sufren y conocen de primera mano el problema: los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y los consejos y cabildos insulares.
En septiembre del año pasado, la FEMP –presidida por el alcalde de Vigo, Abel Caballero– ponía en marcha la Comisión de Despoblación. Siguiendo la proporcionalidad política que se da en los gobiernos locales y provinciales españoles, esa comisión quedó conformada por representantes de PSOE, PP e IU. Al frente de ella, el presidente de la Diputación de Zaragoza, el socialista Juan Antonio Sánchez Quero que ayer comunicó el pacto unánime que se acaba de alcanzar en la Comisión de Despoblación de la FEMP: un plan aprobado por unanimidad tras nueve meses de trabajo y debates políticos que han contado también con la participación de técnicos. Ahora se elevará a la junta de gobierno de la FEMP para su ratificación, y se trasladará al Comisionado del Gobierno para el Reto Demográfico, que fue creado por decisión del Consejo de Ministros a finales de enero.
Fomento del empleo
El documento alumbrado por la Federación Española de Municipios y Provincias incluye un total de 80 medidas concretas, definidas por consenso desde criterios técnicos y políticos. De todas ellas, 78 son acciones específicas para frenar el avance del «desierto demográfico»; otras dos son medidas organizativas, para implicar y coordinar en el desarrollo del plan a todos los peldaños de la Administración pública.
Este documento incide especialmente en el fomento del empleo en el medio rural. Así, entre otras medidas plantea aplicar incentivos fiscales, apoyo técnico y económico para potenciar los sectores productivos tradicionales de las áreas rurales y, al mismo tiempo, para atraer nuevas empresas a esas zonas.
El plan ordena las 78 medidas concretas en los campos de economía y empleo; servicios públicos y sociales; infraestructuras; comunicaciones y transporte; medidas en materia de vivienda; incentivos demográficos; además de medidas de apoyo al medio rural en materia de cultura, identidad y comunicación.
«Hito histórico»
Sánchez Quero enfatizó que este pacto que se ha alcanzado en el seno de la FEMP es un «hito histórico» que ha de servir para hacer frente a este «urgente problema de Estado». «Entre otras cosas –indicó–, porque por vez primera en España y con una perspectiva estatal se ha diseñado una detallada y realista hoja de ruta».
El pacto aborda un conjunto de medidas integradas en múltiples frentes, que incluye también acciones coordinadas en materias tales como las infraestructuras de comunicaciones, la rehabilitación patrimonial y urbanística, el diseño de incentivos demográficos para rejuvenecer las áreas rurales y contribuir al reto demográfico del conjunto de España, o la reordenación de la red de servicios públicos básicos para acercarlos al territorio y contribuir también a acercar al medio rural el empleo generado en ese ámbito asistencial.
Estrategia nacional
El documento, tras su próxima ratificación por la junta de gobierno de la FEMP, se elevará al Comisionado del Gobierno para el Reto Demográfico. El objetivo es que sirva como punto de partida práctico para el desarrollo de la Estrategia Nacional en materia demográfica que el Gobierno ha previsto que esté aprobada a finales de año a través de un grupo creado por dicho Comisionado.
Este grupo se reunió por vez primera a finales de abril. Cuenta con un representante de la Presidencia del Gobierno, de nueve departamentos ministeriales, dos representantes de la FEMP y responsables de las comunidades autónomas. Su tarea es poner en marcha la Estrategia Nacional que no solo abordará la lucha contra la despoblación del medio rural sino, en perspectiva más amplia, la puesta en marcha de mecanismos que eviten el declive demográfico, la caída de la natalidad y el creciente envejecimiento poblacional que se está produciendo en España.
abc.es
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