Obliga a que el Parlamento vote la salida de la UE y se disparan los rumores de elecciones.
Con el habitual gusto inglés por la hipérbole y la grandilocuencia, lo ocurrido ayer en Londres ha sido calificado como «la mayor crisis constitucional en una generación».
El Alto Tribunal dio la razón a una denuncia ciudadana, cuyos paladines fueron una atractiva ejecutiva nacida en Guyana y un peluquero, y propinó un duro revolcón al Brexit duro de Theresa May. Los tres jueces fallaron que el Parlamento debe votar la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia la salida de la UE. Un enorme revés para May, que defendía que el Gobierno tenía un mandato popular para hacerlo sin contar con el visto bueno de la Cámara.
El Ejecutivo recurrirá ahora ante la última instancia, el Tribunal Supremo, que estudiará el caso el 7 y 8 de diciembre y previsiblemente emitirá su fallo en enero. Los mercados celebraron la posible ralentización del Brexit con una inmediata apreciación de la libra. May había prometido activar el artículo 50 antes de finales de marzo. Si ahora se ve obligada a hacerlo sacando adelante una ley en el Parlamento, es muy dudoso que pueda mantener esa fecha, aunque su portavoz proclamó ayer con cierto voluntarismo que el calendario sigue igual.
La sentencia debilita la posición política de la primera ministra, pese a que disfruta de la enorme ventaja de contar con el melifluo Corbyn como líder de la oposición. De inmediato se dispararon los rumores de que May podría reaccionar convocando elecciones el próximo año (están previstas para 2020). Esa hipótesis fue propalada por diputados laboristas y conservadores. «Si tratan de bloquear el artículo 50, se incrementan las posibilidades de elecciones», vaticinó el respetado diputado tory Dominic Raab, partidario del Brexit. La serpiente de otoño llegó al extremo de que el Deutsche Bank envió a algunos clientes un informe de sus analistas dando como muy probables unos comicios en 2017.
Los portavoces del Número 10 enfriaron la hipótesis y recordaron en la BBC que May siempre dijo que la votación se celebrará en su fecha, en 2020. En contra de lo previsto, la «premier» no valoró la sentencia.
Cólera de los brexiters
La reacción de los brexiters ha sido colérica. Se quejan de la intromisión de la justicia en la política y acusan a los demandantes de intentar «subvertir la voluntad del pueblo», que votó a favor de la salida por 51,9% contra 48,1%. Por el contrario, la líder separatista escocesa, Nicola Sturgeon, presentó la sentencia como «una prueba del caos y la confusión del Gobierno» y advirtió de que podría animar al Ejecutivo escocés a entablar sus propias acciones legales.
A pesar de lo aparatoso de la decisión del Alto Tribunal, es casi imposible que acabe parando el Brexit. Es cierto que el 70% de los diputados de los Comunes apoyaban la permanencia y también es verdad que los tories no tienen mayoría en los Lores, que también tendrían voto. Pero cuesta creer que los parlamentarios acaben frenando la salida de la UE contra la voz del pueblo.
El debate constitucional que se ha abierto es muy interesante: ¿Puede el Ejecutivo revertir una ley que ha sido aprobada por el Parlamento sin volver a pasar por él?
Los abogados de la ejecutiva Gina Miller y el peluquero Deir dos Santos argumentaban que la Ley de Comunidades Europeas, de 1972, consagró unos derechos individuales que se verían revocados al salir de la UE. «Una legislación solo puede ser retirada por otra legislación, el Gobierno no puede hacerlo unilateralmente», alegaron.
El Alto Tribunal ha dado la razón a los ciudadanos de la calle, a pesar de que en la vista fueron acusados por el fiscal general, representante del Gobierno, de ir contra la democracia.
El Alto Tribunal recordó al Ejecutivo en su fallo que «la regla fundamental de la Constitución británica es la soberanía del Parlamento». Solo la Cámara tiene la potestad de iniciar el Brexit notificando a Bruselas la intención del Reino Unido de dejar la UE.
abc.es
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