Una veintena de asociaciones reclaman que no se adoctrine a los menores sobre identidad sexual
Un total de veintitrés entidades del ámbito educativo y social han solicitado al Defensor del Pueblo que interponga «un recurso de inconstitucionalidad» contra la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia –también conocida como «ley Cifuentes»–, que entró en vigor el 20 de agosto de este año en la Comunidad de Madrid.
El escrito, respaldado por asociaciones como la Federación Europea One of Us, Hazteoirg.org o el Instituto de Política Familiar, explica que la normativa vulnera derechos reconocidos en la Constitución española, como «el derecho a la igualdad, a la integridad física y moral, a la protección de la salud, a la libertad de expresión, el derecho de educación, a la libertad ideológica y religiosa y de seguridad jurídica.
La presidenta de la Asociación Familia y Dignidad Humana, la exdiputada del Partido Popular Lourdes Méndez, explicó a ABC que esta iniciativa de la Plataforma por las Libertades surgió ante «la preocupación que genera esta ley que, con la aparente disculpa de luchar contra la discriminación por orientación sexual –objetivo que evidentemente compartimos–, aprovecha para imponer una ideología determinada, la ideología de género».
Para la exdiputada la norma supone «un grave atentado contra la libertad», al vulnerar «el deber del Estado de garantizar la neutralidad ideológica en los centros escolares públicos» y de «entrometerse en el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación de acuerdo a sus propias convicciones».
Exparlamentarios del PP
La oposición de Méndez contra la «ley Cifuentes» no es la única entre los miembros de su partido. Algunos exdiputados y exsenadores del PP, como Javier Puente, que es vicepresidente de Familia y Dignidad Humana, o Gari Durán, que ejerce de portavoz, tambiénbién han manifestado su rechazo, así como otro peso pesado como Jaime Mayor Oreja, que preside la Fundación Valores y Sociedad, a la que también pertenecen el exdiputado Ángel Pintado, el exsenador Luis Peral, e incluso caras conocida de la política como la expresidenta del PP vasco María San Gil. Con la excepción de Mayor Oreja o San Gil, estos exparlamentarios no fueron incluidos en las listas del 20 de diciembre y del 26 de junio, por abstenerse o votar en contra de la reforma de la ley del Aborto votada la pasada legislatura, según han denunciado.
El documento, presentado ante Soledad Becerril, recuerda que «desde el punto de vista de los derechos humanos no caben privilegios ni para los heterosexuales, como tampoco para los llamados LGTBI». Por ello, el grupo de juristas que ha elaborado este escrito considera que la ley contra la LGTBifobia de la Comunidad de Madrid «vulnera el derecho a la igualdad», que figura en el artículo 14 de la Constitución. También considera «inconstitucional» que la ley prevea «medidas de acción positiva por razón de la orientación sexual».
El documento suscrito por más de una veintena de asociaciones critica que «se garantice a las asociaciones LGTBI una financiación pública de sus actividades, absolutamente desproporcionada y discriminatoria respecto al resto de ONG». En relación al derecho de la educación, el texto señala que la «ley Cifuentes» vulnera el derecho reconocido a los padres en el artículo 27.3 de la Constitución, que implica que la formación de la conciencia de sus hijos sea un ámbito vedado a la acción de los poderes públicos.
abc.es
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